El inicio de 2025 trae consigo una polémica en el sector del transporte de carga pesada en Colombia. La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) ha señalado al gobierno de Gustavo Petro como responsable del impacto económico que enfrentarán debido al incremento progresivo de los peajes y la eliminación del subsidio al diésel.
Alfredo Merlano, presidente de la ACC, advirtió sobre las dificultades que los transportadores deberán afrontar este año. Según el líder gremial, el doble ajuste en peajes y el alza prevista en el precio del diésel —que podría aumentar hasta $6.000 por galón en los próximos años— representan un desafío insostenible para la rentabilidad del sector.
“El gobierno está trasladando a los transportadores el desfase económico causado por decisiones mal planeadas en 2023. Esto no fue consultado con los gremios y ahora somos nosotros quienes debemos asumir las consecuencias”, afirmó Merlano en diálogo con La W.
El ajuste en peajes llega después de un año en el que el gobierno suspendió el incremento habitual, generando un desfase en los ingresos destinados al mantenimiento vial. Aunque históricamente estas tarifas se actualizan cada enero, Merlano sostuvo que los transportadores no pueden ser los únicos responsables de compensar ese rezago.
El líder de la ACC destacó que el aumento simultáneo en peajes y diésel impactará directamente en los costos operativos del transporte de carga, lo que inevitablemente se reflejará en el precio de los fletes y, en última instancia, en el costo de los productos para los consumidores finales.
“El diésel y los peajes representan una gran parte de nuestros costos. Si el gobierno no reconsidera estas medidas, toda la cadena económica se verá afectada, especialmente los consumidores”, agregó.
Además de criticar las decisiones gubernamentales, Merlano reiteró la necesidad de actualizar el sistema de costos SISETAC, una herramienta que, según la ACC, no refleja la realidad del mercado ni el aumento de precios de insumos dolarizados.
Aunque el gremio ha sostenido reuniones con representantes del gobierno, aún no se ha llegado a acuerdos que permitan mitigar el impacto de estas medidas. “Necesitamos soluciones concertadas que balanceen las cargas entre el gobierno y los transportadores. De lo contrario, el sector podría enfrentar un colapso económico”, concluyó Merlano.
La implementación de estas medidas plantea un panorama incierto para el transporte de carga en Colombia, un sector clave para la economía nacional. Los camioneros esperan que el gobierno actúe con prontitud para evitar mayores repercusiones económicas en el país.