En uno de los golpes más contundentes contra las finanzas criminales de los últimos años en Medellín, las autoridades impusieron medidas de extinción de dominio sobre 42 bienes, entre ellos 14 establecimientos comerciales del sector hotelero y 28 inmuebles, presuntamente vinculados a una red dedicada al fraude de servicios públicos.
Los bienes, ubicados en las comunas Laureles, Belén y el Centro de la ciudad, están avaluados en cerca de 96.000 millones de pesos y habrían sido utilizados dentro de un esquema ilegal que durante años manipuló medidores y realizó conexiones fraudulentas de agua, gas y energía para obtener ganancias millonarias.
El resultado fue posible tras 16 meses de investigación conjunta entre la Alcaldía de Medellín, EPM, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con las autoridades, esta estructura criminal habría operado desde 2013 y generado pérdidas superiores a 1,24 billones de pesos entre 2020 y 2025, afectando directamente los recursos públicos y la sostenibilidad de los servicios.
Además del impacto económico, las conexiones ilegales representaban un riesgo permanente para las comunidades. Según la investigación, estas prácticas aumentaban la posibilidad de incendios, inundaciones, explosiones, daños estructurales y otras emergencias derivadas de instalaciones irregulares.
Las pesquisas permitieron identificar un presunto entramado criminal sostenido durante años, con posibles vínculos familiares, comerciales y societarios entre propietarios de inmuebles y establecimientos involucrados en la actividad ilegal.
“Medellín sigue cerrando espacios a las economías ilegales y golpeando directamente las fuentes de financiación del crimen. Este es un golpe histórico contra las finanzas criminales. A los delincuentes lo que más les duele es la plata y es precisamente allí donde estamos concentrando parte importante de nuestros esfuerzos”, afirmó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.
El funcionario agregó que la estrategia de las autoridades no se limita a capturar delincuentes, sino también a afectar sus patrimonios y desmantelar las estructuras económicas que sostienen las actividades ilícitas.
Los bienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y posteriormente fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que asumirá su administración mientras avanza el proceso judicial.
Las autoridades anunciaron que continuarán las investigaciones para identificar nuevas redes dedicadas al robo de servicios públicos y otras economías ilegales que operan en la ciudad.