Por cobrar de manera indebida 70 euros a una ciudadana colombiana durante una diligencia notarial, la Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia al cónsul honorario de Colombia en Florencia, Italia, Gianni Lusena, con una inhabilidad de cinco años para ejercer funciones públicas y una multa equivalente a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes de 2021.
Según el Ministerio Público, el 14 de junio de 2021 Lusena, actuando como particular en ejercicio de funciones públicas, contactó, orientó y coordinó el trámite de autenticación de firma de una connacional ante autoridades italianas. Sin embargo, una vez finalizada la gestión, solicitó y recibió dinero por un servicio que debía prestar de manera gratuita y por el cual no estaba autorizado a cobrar.
La Procuraduría concluyó que el funcionario aprovechó su investidura como cónsul honorario para presentar como institucional una gestión que no generaba ningún costo para la usuaria, desconociendo el carácter honorario de su cargo y vulnerando el principio de moralidad administrativa.
El organismo disciplinario calificó la conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo.
La sanción revive la controversia alrededor de Lusena, quien había sido retirado de sus funciones por la Cancillería en enero de 2022 durante el gobierno de Iván Duque Márquez, luego de múltiples quejas e inconformidades presentadas por colombianos residentes en Italia.
Pese a esos antecedentes, meses después el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de la Cancillería encabezada entonces por Álvaro Leyva Durán, revocó la decisión que lo había apartado del cargo y ordenó su restitución como cónsul honorario en Florencia.
Ahora, la sanción disciplinaria vuelve a poner bajo cuestionamiento esa decisión, pues el funcionario reincorporado por el actual gobierno termina inhabilitado por hechos relacionados precisamente con el ejercicio de sus funciones consulares.
Aunque el fallo es de primera instancia y puede ser apelado ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría, el caso abre nuevamente el debate sobre los controles y filtros aplicados en los nombramientos y restituciones de representantes diplomáticos y consulares de Colombia en el exterior.