El movimiento Defensores de la Patria informó que presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal para que se investigue la presunta comisión del delito de constreñimiento al sufragante, tras los resultados electorales registrados en varios municipios durante la primera vuelta presidencial.
De acuerdo con la organización, la denuncia se basa en elementos materiales probatorios, evidencias físicas y un análisis elaborado por el exsenador Rodrigo Lara Restrepo, en el que se contrastaron resultados electorales considerados atípicos con los municipios identificados por la Defensoría del Pueblo como territorios con riesgo electoral por la presencia de grupos armados ilegales.
Según el reporte citado por Defensores de la Patria, en 109 municipios de Cauca, Chocó y Nariño, el candidato Iván Cepeda habría superado el 70 % de la votación analizada. De esos municipios, 100, equivalentes al 91,7 %, coincidirían con zonas clasificadas por la Defensoría dentro de niveles de riesgo electoral por presencia o influencia de estructuras armadas ilegales.
La organización señaló que en algunos municipios las concentraciones electorales habrían superado incluso el 97 %, situación que, según el movimiento, debe ser revisada por las autoridades competentes.
No obstante, Defensores de la Patria aclaró que estas cifras no constituyen por sí solas una prueba definitiva de responsabilidad penal, pero sostuvo que la coincidencia entre votaciones altamente concentradas y territorios con riesgo electoral obliga a la Fiscalía a investigar si existieron amenazas, presiones o mecanismos de coacción contra los ciudadanos.
El abogado constitucionalista Germán Calderón España, quien interpuso la denuncia, afirmó que la acción penal busca establecer si hubo influencia de estructuras armadas sobre la libertad del voto.
“He interpuesto una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de constreñimiento al sufragante, soportada en un estudio crítico y riguroso elaborado por el exsenador Rodrigo Lara Restrepo. La Fiscalía tendrá que investigar la influencia de los fusiles frente al sufragante, porque estos resultados alteran el equilibrio normal de unas elecciones en términos de igualdad”, sostuvo Calderón.
El movimiento también se refirió al denominado “voto fusil”, expresión con la que describe una presunta práctica de presión electoral mediante amenazas, control territorial o intimidación armada, hechos que, de comprobarse, afectarían la libertad del sufragio.
En la denuncia, Defensores de la Patria solicitó escuchar los testimonios de la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios; del exsenador Rodrigo Lara Restrepo; y del exfiscal general Néstor Humberto Martínez.
Además, pidió requerir información a la Registraduría Nacional, al Consejo Nacional Electoral, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a las gobernaciones de Cauca, Chocó y Nariño.
Finalmente, la organización hizo un llamado a las autoridades electorales, organismos de control y entidades territoriales para que adopten medidas urgentes de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, con el fin de garantizar presencia institucional efectiva y plena libertad para los electores en todas las regiones del país.