A pocas horas de las elecciones presidenciales, crece la preocupación por posibles irregularidades electorales luego de que se conociera una denuncia sobre la búsqueda de entre 30 y 40 buses para movilizar votantes desde las principales ciudades del país hacia departamentos como Chocó y varias zonas de la Costa Atlántica.
La alerta fue respaldada por el gremio de empresas de transporte especial, que emitió comunicados oficiales en los que anunció que no participará en el traslado masivo de electores pagos y rechazó cualquier contratación que pueda estar relacionada con prácticas que afecten la transparencia del proceso democrático.
“buscan a la gente en los barrios que son de otras zonas del país y se los llevan gratis para que puedan sufragar con la condición de que voten por Cepeda”
“El gremio de empresas de transporte terrestre automotor especial informa que no participará ni prestará servicios de transporte cuyo propósito sea el traslado masivo de ciudadanos votantes pagos desde ciudades como Medellín, Bogotá u otras regiones del país hacia municipios de la Costa Atlántica, Chocó o cualquier otro destino”, señala uno de los comunicados.
Las empresas afiliadas aseguraron que se abstendrán de celebrar contratos o acuerdos que generen dudas sobre su finalidad y reiteraron su compromiso con el cumplimiento de la ley electoral.
Denuncias sobre posibles inscripciones irregulares
La situación ha generado aún más inquietud debido a denuncias ciudadanas conocidas en los últimos días. Una de ellas corresponde a una mujer que vive fuera del país y que aseguró nunca haber participado en elecciones ni haber solicitado la inscripción de su cédula. Sin embargo, al consultar su puesto de votación descubrió que aparecía registrada en un municipio de la Costa Caribe.
Aunque el caso deberá ser verificado por las autoridades electorales, este tipo de situaciones suelen ser mencionadas cuando se investigan posibles casos de trashumancia electoral, una práctica ilegal que consiste en inscribir votantes en lugares donde no residen con el fin de influir en los resultados electorales.
Expertos recuerdan que una persona solo puede votar en el puesto donde tiene inscrita su cédula. Por ello, una eventual movilización masiva de electores tendría sentido únicamente si quienes son transportados ya aparecen registrados para votar en esos municipios.
Frente a las denuncias, los transportadores solicitaron a la Registraduría, la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía y los organismos de control reforzar la vigilancia en las carreteras y verificar cualquier movimiento masivo e irregular de electores durante los días previos a la jornada electoral.
La controversia surge en medio de una de las campañas presidenciales más tensas de los últimos años y ha reavivado el debate sobre la necesidad de garantizar que el voto sea libre y que ningún mecanismo irregular altere la voluntad popular expresada en las urnas.
Mientras tanto, el gremio fue enfático en su posición: no prestará vehículos para el traslado masivo de votantes pagos y pidió a las autoridades investigar cualquier denuncia relacionada con posibles prácticas de trasteo de votos en el país.