La creciente inseguridad en los departamentos de La Guajira y Cesar ha escalado a niveles alarmantes, dejando a comerciantes, agricultores y ganaderos atrapados en medio de enfrentamientos entre grupos armados ilegales que disputan el control territorial.
En La Guajira, municipios como Dibulla y Riohacha se han convertido en escenarios de constantes enfrentamientos. Según Rafael Rumbo, coordinador de Fedegán en la región, los habitantes están sometidos a pagar extorsiones conocidas como “vacunas” a ambos bandos. Cualquier percepción de colaboración con uno de los grupos convierte a las personas en objetivos del bando contrario, generando un clima de terror y desconfianza.
La situación no es menos crítica en el sur del Cesar, donde municipios como González, cercano al conflictivo Catatumbo, enfrentan un aumento en el desplazamiento forzado y restricciones al transporte terrestre. A esto se suma el impacto en municipios como Aguachica, San Martín y San Alberto, donde los ganaderos son obligados a pagar extorsiones para poder continuar sus actividades productivas.
El sector ganadero, esencial para la economía local, está gravemente afectado por la presión económica y psicológica derivada de las extorsiones, sumada a las dificultades para acceder a mercados y mantener la productividad en un entorno hostil.
La violencia también ha alcanzado a la fuerza pública. En el municipio de Pelaya, en la vereda Los Pinos, un reciente atentado con explosivos contra la Policía Nacional pone en evidencia la capacidad operativa de los grupos armados y la limitada presencia del Estado en estas zonas.
Este informe cuenta con datos proporcionados por la Agencia APN, que ha documentado el impacto de esta crisis en la región y las voces de las comunidades afectadas.