Las diferencias entre el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el Gobierno nacional han escalado nuevamente, esta vez por cuenta de la resolución publicada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el pasado viernes. Este documento plantea nuevas directrices para la reorganización de la Sabana de Bogotá, generando un fuerte rechazo por parte de la administración distrital.
El punto de quiebre se dio tras un video publicado en las redes oficiales del Ministerio de Ambiente, en el que la exministra Susana Muhamad defendió la resolución argumentando que busca “conservar ecosistemas degradados, proteger los espacios del agua como límites ecológicos y asegurar la destinación agropecuaria y forestal del suelo rural”. Sin embargo, Galán no tardó en reaccionar, señalando que la medida es un intento de “sanear un proceso ilegal e inconstitucional” y que el Distrito nunca fue consultado sobre estas disposiciones.
Este lunes, la controversia tomó un nuevo giro cuando el presidente Gustavo Petro entró en la discusión a través de su cuenta de X, afirmando que “la Sabana de Bogotá no le pertenecía al Distrito” y que el alcalde debía “permitir que la población se exprese” frente al documento.
Galán, por su parte, respondió de manera contundente, asegurando que lo que debe respetarse no es una consulta arbitraria, sino la Constitución, la ley y el propio Plan de Desarrollo del Gobierno. “Hoy anunciaremos las medidas frente a este acto ilegal, inconstitucional y antidemocrático”, advirtió el mandatario.
Desde el Distrito advierten que la resolución, tal como está planteada, generaría una gran incertidumbre sobre áreas ya consolidadas de la ciudad, afectando a miles de familias en localidades como Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba. Funcionarios de la Alcaldía han señalado que se tomarán decisiones frente a la postura del Ministerio, pues consideran que esta regulación podría modificar de manera drástica el desarrollo urbano de Bogotá sin una concertación real con las autoridades locales.
La disputa sigue abierta y deja en el aire preguntas clave: ¿lograrán el Distrito y el Gobierno encontrar un punto de acuerdo? ¿Se modificará la resolución o se mantendrá la postura del Ministerio de Ambiente?