La Fiscalía General de la Nación imputó formalmente a cinco directivos de la cuestionada criptomoneda Daily Cop, señalados de haber participado en una estructura ilegal de captación masiva de dinero que habría afectado a más de 100.000 colombianos.
Los acusados —Carolina Granada Hernández, Gloria Izquierdo López, Luis Fernando Adams Suárez, Cristian Camilo Giraldo López y John Emerson Esquivel Castrillón— deberán responder en juicio por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares.
De acuerdo con la investigación liderada por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, los procesados ocupaban cargos clave dentro del holding empresarial que, bajo la fachada de legalidad, ofrecía atractivas rentabilidades del 0,5% diario y 12% mensual por invertir en la criptomoneda. Sin embargo, tales beneficios nunca se materializaron, y los fondos fueron presuntamente desviados para fines personales.
Según el expediente, Adams Suárez cumplía funciones como contador y revisor fiscal de varias compañías vinculadas al esquema, mientras que Giraldo López habría sido uno de los principales promotores del modelo de captación fraudulento.
La Fiscalía reveló que el conglomerado empresarial utilizó eventos sociales, comercios aliados e influenciadores para atraer inversionistas, logrando recaudar al menos $8.000 millones de pesos, que posteriormente fueron usados para adquirir bienes inmuebles y vehículos de alta gama, elevando el patrimonio personal de los implicados sin justificación legal.
Hasta la fecha, se han recibido al menos 60 denuncias que involucran a 113 víctimas, aunque las autoridades no descartan que el número real de afectados sea mucho mayor a nivel nacional.
Pese a las pruebas presentadas, los imputados no aceptaron los cargos, y deberán enfrentar un juicio en el que podrían ser condenados a penas significativas, dada la gravedad de los delitos.
Este nuevo caso de estafa con criptomonedas vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de mayor regulación y vigilancia sobre plataformas de inversión digital en Colombia, así como el riesgo al que se enfrentan miles de ciudadanos que buscan opciones de rentabilidad rápida sin verificar la legalidad de las operaciones.