La tranquilidad turística del icónico sector de El Rodadero fue violentamente interrumpida la noche del martes, cuando un grupo armado ejecutó una operación criminal para rescatar al jefe de sicarios de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), dejando en evidencia la preocupante capacidad logística y operativa del grupo ilegal en plena zona urbana.
El objetivo del comando, conformado por al menos siete hombres fuertemente armados, era liberar a Armando Garizabala Yépez, alias Chocolate, capturado el pasado 16 de marzo en zona rural de Ciénaga. El ataque, registrado por cámaras de seguridad, muestra a los atacantes disparando simultáneamente contra la Estación de Policía de El Rodadero, mientras los uniformados intentaban defender la instalación.
Durante el intercambio de disparos, uno de los delincuentes, identificado como Juan Manuel Rovira García, murió en el lugar. Otros dos resultaron heridos, y el resto del grupo huyó en varios vehículos al ver la resistencia de los agentes.
Alias Chocolate, señalado como jefe de sicarios de las ACSN, enfrenta graves cargos por concierto para delinquir, extorsión, narcotráfico y desplazamiento forzado. Según denuncias de la defensora de derechos humanos Norma Vera Salazar, también se le atribuyen al menos 18 homicidios cometidos entre 2020 y 2024 en Ciénaga, Puebloviejo y la Zona Bananera.
Vera Salazar, quien ha documentado el conflicto armado en la región durante más de dos décadas, advierte que la reciente incorporación de Garizabala Yépez a las ACSN, tras haber pertenecido al Clan del Golfo, ha alterado radicalmente las dinámicas del poder criminal en zonas estratégicas como Casa Loma y la Isla del Rosario.
“El conflicto ha escalado en crueldad, incluyendo actos atroces como la tortura y el desmembramiento”, denunció. Entre los crímenes más recientes destaca el asesinato de los pescadores Wilmer Jinete Marín (55) y Darío Ariza (63), este último desmembrado y cuya cabeza fue hallada dentro de una nevera, en un claro mensaje de guerra por el control territorial.
El ataque ha generado un fuerte cuestionamiento hacia las autoridades locales. Aunque la administración distrital ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables, activistas y ciudadanos critican la falta de estrategia preventiva en una zona que concentra el grueso del turismo de la ciudad.
“¿Por qué una estación de Policía en plena zona turística se usa como centro de detención transitorio y para delincuentes tan peligrosos?”, cuestionó Norma Vera en su cuenta de X (antes Twitter), reflejando el sentir de una ciudadanía que se siente vulnerable ante el avance del paramilitarismo.
El alcalde Carlos Pinedo Cuello visitó el lugar del ataque y aseguró que se reforzarán las capacidades operativas de la fuerza pública. No obstante, para muchos, la respuesta institucional sigue siendo reactiva y no está a la altura de una amenaza que pone en jaque la seguridad y el turismo en Santa Marta.
Mientras tanto, el eco del ataque en El Rodadero resuena como un llamado de alerta: el paramilitarismo no es un fenómeno del pasado y su capacidad de fuego, organización y control territorial vuelve a poner a prueba al Estado en pleno Caribe colombiano.