La región del Catatumbo enfrenta una emergencia humanitaria sin precedentes, según reveló la Defensoría del Pueblo en su más reciente informe. Entre enero y abril de este año, se han registrado 64.783 personas desplazadas, 12.913 confinadas, 117 asesinatos y 32 personas heridas en medio de una escalada de violencia protagonizada por el ELN y las disidencias del Frente 33 de las FARC-EP.
Municipios como Tibú, El Tarra, Teorama y Sardinata son los más afectados, enfrentando una creciente presencia de actores armados ilegales que mantienen el control de vastas zonas rurales. A esta situación se suma la presencia intermitente de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), lo que ha intensificado los enfrentamientos y la inseguridad.
El informe advierte que esta crisis está estrechamente vinculada al valor estratégico del Catatumbo en el narcotráfico, ya que, según datos de la UNODC, Tibú alberga 23.030 hectáreas de cultivos de coca, lo que convierte a la zona en un epicentro clave para economías ilícitas.
Las comunidades más vulnerables, como las poblaciones indígenas y los menores de edad, enfrentan graves riesgos: reclutamiento forzado, desplazamiento, abuso sexual y la pérdida de acceso a educación y servicios básicos. Organizaciones internacionales como WOLA y Human Rights Watch ya habían alertado sobre la persistente violación de derechos humanos en esta región, con cifras que evidencian más de 40.000 desplazados desde 2017 a causa del conflicto entre el ELN y el EPL.
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo ha emitido recomendaciones urgentes, entre ellas:
Mejorar la identificación y atención integral de las víctimas.
Garantizar una educación segura para niños y niñas en zonas afectadas.
Proteger a las comunidades indígenas del desplazamiento forzado.
Fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en los territorios más vulnerables.
Implementar el decreto de paz de 2017.
Diseñar un plan nacional estructural para atacar las causas profundas del conflicto.
Exigir a la Fiscalía General de la Nación investigaciones ágiles y reparaciones efectivas para las víctimas.
La crisis en el Catatumbo plantea un reto urgente para la comunidad nacional e internacional en términos de respuesta humanitaria, justicia y consolidación de paz en territorios históricamente olvidados.