Este martes se realizó a puerta cerrada la audiencia de imputación de cargos contra Ingrid Vanessa González Montoya, exsecretaria de Gestión Humana de Medellín, y Yina Marcela Pedroza Gómez, exsubsecretaria legal de Movilidad, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, en el marco del escándalo de corrupción conocido como caso Aguas Vivas.
Ambas exfuncionarias hacían parte del círculo de confianza del exalcalde Daniel Quintero Calle, hoy también imputado, y eran las últimas pendientes de comparecer ante la justicia en este proceso.
Por solicitud de la defensa de las exfuncionarias, y a diferencia de las audiencias anteriores que fueron públicas, el enlace virtual fue restringido, lo que impidió el ingreso de medios de comunicación y ciudadanos interesados. La medida ha sido cuestionada por organizaciones civiles y veedores ciudadanos que reclaman total claridad frente a uno de los escándalos de presunta corrupción más graves en la historia reciente de Medellín.
Con la audiencia de este martes, ya son 13 los imputados en el caso Aguas Vivas, que involucra un intento de pagar $40.000 millones por un lote que ya era propiedad del Distrito. El caso ha salpicado a varios altos exfuncionarios de la Alcaldía de Quintero y ha puesto bajo la lupa las prácticas contractuales de su administración.
Entre los imputados se encuentran figuras clave del gobierno quinterista, incluido el propio exalcalde, quien enfrenta investigaciones por su presunta responsabilidad en el fallido negocio inmobiliario que podría haber representado un multimillonario detrimento patrimonial para Medellín.
La decisión de cerrar la audiencia al público ha sido calificada como un retroceso en materia de control ciudadano y transparencia judicial. “Nos están ocultando lo que pasa dentro de un caso que afecta directamente los recursos públicos”, afirmó un veedor anticorrupción que intentó ingresar a la diligencia.
A pesar de que la defensa argumentó razones logísticas y personales, la Procuraduría y otros sectores advierten que este tipo de decisiones podrían minar la confianza pública en el sistema judicial y favorecer la opacidad en procesos de alto impacto político.