La Fiscalía General de la Nación imputó este jueves a María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda y enlace de esa cartera con el Congreso, por el presunto direccionamiento de millonarios contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en favor de congresistas a cambio de apoyo político.
Benavides fue acusada formalmente del delito de interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo sucesivo, tras ser señalada de facilitar proyectos por más de 89.000 millones de pesos entre octubre de 2023 y marzo de 2024, en los que al menos seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público habrían tenido un interés directo.
Según la investigación del ente acusador, los contratos en cuestión estaban relacionados con obras públicas en distintas regiones del país: Cotorra (Córdoba) por $44.552 millones, Saravena (Arauca) por $32.500 millones y El Salado, en Carmen de Bolívar (Bolívar), por $12.353 millones. Estos proyectos habrían sido impulsados por los parlamentarios a cambio de respaldar las operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio ante el Congreso.
La Fiscalía reveló que Benavides participó en una reunión en la que se habría solicitado al entonces director de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez, gestionar y firmar los contratos en beneficio de los congresistas. Además, la exfuncionaria habría suministrado al exsubdirector de Manejo de Desastres de la entidad, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, los nombres de funcionarios locales y contratistas recomendados por los parlamentarios, con el objetivo de agilizar los trámites contractuales.
Como resultado de estas acciones, los congresistas involucrados habrían votado favorablemente las iniciativas de crédito público que impulsaba el Ministerio de Hacienda, consolidando así una presunta alianza político-administrativa con fines ilícitos.