Un violento ataque armado, atribuido a la disidencia de las FARC conocida como “Comandos de la Frontera”, dejó once militares ecuatorianos muertos y uno más herido en la provincia de Orellana, cerca de la frontera con Colombia. Los hechos ocurrieron el pasado 8 de mayo mientras las tropas desarrollaban una operación contra la minería ilegal en el sector de Alto Punino, una zona selvática entre las provincias de Napo y Orellana.
Según el reporte oficial del Ejército ecuatoriano, los uniformados, pertenecientes a la Brigada de Selva 19 Napo, fueron emboscados por el grupo armado con el uso de explosivos, granadas y armas de largo alcance. En medio del enfrentamiento también perdió la vida un presunto integrante del grupo insurgente.
“El equipo de combate fue atacado por este Grupo Ilegal Armado con una acción premeditada que incluyó armamento pesado y tácticas de guerra irregular”, detalló el Ejército en un comunicado.
Las Fuerzas Armadas de Ecuador lamentaron profundamente la muerte de sus soldados y señalaron que se desplegarán todos los esfuerzos necesarios para capturar a los responsables. “Este crimen atenta contra valientes ecuatorianos que han entregado su vida por el bien de la Patria”, manifestaron las autoridades castrenses.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación para esclarecer los hechos. Equipos especializados fueron desplazados al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos, recopilar evidencia forense y adelantar la identificación plena de los agresores.
El hecho ha generado una fuerte condena tanto a nivel nacional como regional, y ha puesto nuevamente en evidencia el impacto transnacional de los grupos armados ilegales en la zona de frontera entre Ecuador y Colombia, particularmente en regiones afectadas por economías ilícitas como la minería ilegal.
La situación también ha reavivado el debate sobre la presencia de estructuras guerrilleras en territorio ecuatoriano y la necesidad de fortalecer los controles de seguridad en las áreas selváticas y limítrofes, donde estas organizaciones aprovechan la complejidad geográfica y el abandono estatal para operar con relativa impunidad.