La Fiscalía General de la Nación reveló un nuevo caso de corrupción que compromete a exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero, con un detrimento patrimonial que supera los $3.500 millones en contratos ejecutados por el Instituto de Deportes y Recreación (INDER) y la empresa Metroparques.
Durante la audiencia de formulación de acusación, el Juzgado 28 Penal del Circuito de Medellín reconoció formalmente como víctimas a la Alcaldía de Medellín, al INDER y a Metroparques. El proceso judicial vincula a la exdirectora del INDER Diana Toro; los exgerentes de Metroparques Jorge Enrique Liévano y María Eugenia Domínguez; y al representante legal de la empresa CYAN Eventos y Logística S.A.S., Mauricio Jaramillo Botero.
Según la Fiscalía, los implicados habrían fraccionado y manipulado procesos de contratación pública para evadir los controles legales, direccionar convenios en favor de un proveedor específico y permitir pagos por bienes con sobrecostos injustificados. Solo en artículos como balones, uniformes y medallas se identificaron sobrecostos por más de $3.700 millones, lo que constituye el núcleo del delito de peculado por apropiación agravado.
El entramado habría comenzado con la firma del contrato interadministrativo N.º 6700013390 en 2020 entre el INDER y Metroparques, por un valor inicial de $21.800 millones. Este contrato fue modificado en siete ocasiones hasta alcanzar un monto total de $24.200 millones, sin que existiera justificación técnica ni estudios de mercado, en presunta violación del Decreto 1082 de 2015.
Posteriormente, Metroparques celebró el contrato 20201300728 con la firma CYAN Eventos y Logística, a través de una convocatoria privada que habría limitado la pluralidad de oferentes. El proceso exigió requisitos arbitrarios, otorgó un solo día para presentar propuestas y concluyó con una selección sin criterios económicos definidos. La empresa beneficiada, que no contaba con la capacidad logística requerida, subcontrató organizaciones sociales, generando una cadena de intermediación que incrementó aún más los costos.
Durante la ejecución de estos contratos, entre 2020 y 2022, la Fiscalía determinó que los exfuncionarios y el contratista se habrían apropiado indebidamente de recursos públicos provenientes del Presupuesto Participativo, con los siguientes montos señalados por el ente acusador:
- Diana Toro: $1.999 millones
- Jorge Liévano: $1.999 millones
- María Eugenia Domínguez: $3.705 millones
- Mauricio Jaramillo (CYAN Eventos): $3.705 millones
Este escándalo se suma al caso Aguas Vivas y refuerza las denuncias sobre una presunta red de corrupción sistemática durante el gobierno de Daniel Quintero, hoy investigado en múltiples procesos judiciales.
La audiencia fue suspendida y continuará el próximo 14 de agosto a las 2:00 p. m., cuando seguirán las intervenciones de las partes involucradas.