Juan Pablo Ramírez Álvarez, exsecretario de Inclusión Social durante la administración de Daniel Quintero fue destituido e inhabilitado por 14 años tras comprobarse que utilizó su cargo para presionar a subalternos a respaldar una causa política y hacer aportes económicos a la fundación “El futuro se parece a nosotros”. Según el fallo de la Procuraduría, Ramírez ejerció su autoridad para influir indebidamente en el comportamiento de sus colaboradores.
La Procuraduría comprobó que Ramírez utilizó su posición para presionar a funcionarios bajo su mando a apoyar una causa política y, específicamente, a realizar aportes económicos para la campaña de Juan Carlos Upegui. Según el fallo, su comportamiento fue deliberado y buscaba influir en las decisiones y acciones de los empleados a su cargo.
Por su parte, sus dos subalternos Juan Daniel Pulgarín Correa, exsubsecretario de Grupos Poblacionales, y Fredy Alfonso Agudelo Bolívar, exsubsecretario de Gestión de Bienes, también fueron destituidos e inhabilitados por 12 años. tras determinarse que usaron las funciones y potestades de sus cargos para propósitos distintos a los establecidos legalmente, lo cual constituye una falta disciplinaria gravísima.
La Procuraduría sostuvo que estos funcionarios aprovecharon el poder que les daba su cargo para desviar recursos humanos e institucionales hacia objetivos políticos, violando los principios de legalidad, moralidad y responsabilidad que rigen la función pública. Las decisiones forman parte de una estrategia del Ministerio Público para combatir el uso indebido del poder en las entidades del Estado.
Las sanciones fueron impuestas por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2, que concluyó que las conductas de los tres exfuncionarios atentaron gravemente contra la ética y la legalidad en el ejercicio del servicio público.