Durante un intenso Consejo de Seguridad realizado este jueves en la Cuarta Brigada de Medellín, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, coincidieron en su llamado al Gobierno Nacional para enfrentar con decisión el avance de las estructuras criminales en el departamento, y exigieron medidas concretas como el regreso de la aspersión aérea contra cultivos ilícitos y el fortalecimiento de la Fuerza Pública.
“Hoy el departamento tiene más de 18 mil hectáreas de coca certificadas por el SIMCI, cuando en 2013 había apenas 900. Quisiera, señor Ministro, que se evaluara la posibilidad de volver a asperjar con contundencia para eliminar esos enclaves cocaleros que se han ido enquistando en el Norte”, expresó el gobernador Andrés Julián durante su intervención ante el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, y los altos mandos militares y policiales presentes.
Por su parte, el alcalde Federico Gutiérrez fue enfático en su rechazo a la política de “paz total” promovida por el Gobierno Nacional, a la que calificó como un “fracaso absoluto”. “No puede ser que en nombre de la paz se permita delinquir. Hablan de paz y ordenan asesinatos, se dedican a la extorsión y al desplazamiento. Esa no es la paz que merece Colombia”, señaló.
Gutiérrez también solicitó respaldo urgente para combatir a estructuras como La Terraza y Caicedo, responsables de recientes homicidios en Medellín. “Hace pocos días, la misma estructura La Terraza ordenó el asesinato de un criminal histórico, alias Adiel. Se están matando entre ellos. Necesitamos arreciar contra estos grupos”, añadió.
El ministro de Defensa, por su parte, aseguró que actualmente no hay cese al fuego ni suspensión de operaciones ofensivas con ningún grupo armado ilegal en Colombia. “La orden es clara: emplear toda la capacidad del Estado para neutralizar esta amenaza”, declaró Sánchez Suárez.
Además de las estrategias militares, Gutiérrez presentó el proyecto del C5, un centro de seguridad de alta tecnología con inversión superior a los $200 mil millones, que busca fortalecer la capacidad de vigilancia en Medellín. Solicitó al Gobierno Nacional apoyo financiero para llevarlo a cabo. “Hoy tenemos 3.200 cámaras de seguridad, y vamos a cerrar la administración con 4.700. También se fortalecerá el reconocimiento de placas con 1.200 cámaras LPR”, detalló.
Frente a posibles alteraciones del orden durante protestas sociales, el alcalde fue tajante: “Respetamos la protesta pacífica, pero no permitiremos que vuelvan a incendiar el país. Vamos a responder con claridad frente a quienes quieran generar terror”.
El gobernador también anunció la creación de “burbujas operacionales” en coordinación con la Fiscalía en regiones de alta criminalidad como el Suroeste, el Nordeste y el Bajo Cauca, y reiteró su solicitud de asistencia militar, asegurando que Antioquia cuenta actualmente con menos de la mitad de los policías que debería tener.