El próximo lunes 26 de mayo, a las 2:00 p.m., el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Sahagún realizará una audiencia para definir la posible libertad por vencimiento de términos de Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, acusados de asesinar con sevicia al joven empresario ganadero Esteban Rafael Urueta González y a dos de sus empleados en septiembre de 2024.
La diligencia judicial se llevará a cabo de manera virtual, y fue convocada por el juez Manuel Luis Pérez Vargas, tras aceptar la solicitud del abogado defensor de los procesados, Esmer Leonel Quintero Argel, quien argumentó que ya se cumplieron los plazos legales establecidos en el artículo 317 numeral 6 de la Ley 906 de 2004. El juez también pidió al Juzgado Penal del Circuito de Sahagún el expediente completo para el adecuado desarrollo de la audiencia.
Los hechos que hoy tienen al país en vilo ocurrieron cuando Esteban Urueta acudió a una finca a verificar la desaparición de 700 reses bajo la administración de Petro Almanza, uno de sus hombres de confianza. Allí fue emboscado, asesinado y posteriormente incinerado junto a sus empleados Fredy Beleño Acosta y Gerardo de los Santos Marzola Coronado. Según la Fiscalía, el crimen fue cometido con extrema violencia, utilizando armas de fuego y objetos contundentes. Días después, Petro y Soto fueron capturados en Cartagena, tras huir de la región.
La noticia de una posible excarcelación por tecnicismos legales ha generado un profundo rechazo en el gremio ganadero, encabezado por José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán. El dirigente gremial ha liderado el clamor por justicia en este caso y denunció públicamente el riesgo de impunidad.
“Esteban Urueta, joven ganadero y empresario, fue asesinado vilmente junto a sus trabajadores Fredy Beleño y Gerardo Marzola. Hoy sus victimarios podrían quedar en libertad por vencimiento de términos. ¡Exigimos acción inmediata a @FiscaliaCol y @judicaturaCSJ!”, expresó Lafaurie en su cuenta de X
Lafaurie ha sido enfático en denunciar la ineficiencia del aparato judicial colombiano y el impacto que esta tiene sobre el sector productivo del país, en especial en regiones donde el crimen organizado, la extorsión y el abigeato amenazan la seguridad rural.
María Fernanda Urueta, hermana del empresario asesinado, lamentó que, a pesar de la disposición de la Fiscalía, el proceso no haya avanzado por problemas de competencia judicial y recursos interpuestos por la defensa. “La justicia se ha visto frenada por barreras procesales que no deberían ser excusa para permitir que estos crímenes atroces queden impunes”, señaló.
Hizo un llamado al Consejo Superior de la Judicatura, a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio Público para que actúen dentro de sus competencias y eviten un precedente que, según ella, “pondría en peligro a toda la Colombia rural”.
Las reacciones no se hicieron esperar. Varias asociaciones de ganaderos del Caribe y del centro del país expresaron su respaldo a la familia Urueta y su rechazo a una posible libertad de los acusados. También advirtieron sobre el deterioro de la seguridad en zonas ganaderas donde “ya es prácticamente imposible hacer empresa legalmente”.
La audiencia del 26 de mayo se perfila como un momento decisivo no solo para este caso, sino para el mensaje que se envíe sobre la lucha contra la impunidad en Colombia. De ser concedida la libertad, se abriría un nuevo capítulo de indignación social ante lo que muchos consideran una falla estructural del sistema judicial, incapaz de dar respuesta efectiva frente a crímenes de alto impacto.
El caso de Esteban Urueta no solo representa el dolor de una familia y de un gremio, sino también un punto de inflexión sobre la necesidad urgente de reformar los tiempos procesales y garantizar que la justicia no se desmorone por la lentitud de sus propias reglas. Como lo expresó el líder gremial José Félix Lafaurie, “Colombia no puede permitir que los asesinos de nuestros ganaderos caminen libres por errores del sistema. ¡Este crimen no puede quedar impune!”.