Por Andrés Felipe Rodríguez
Los avances progresistas, que por demás son discursos retardatarios y de ideologías que solo buscan la alienación colectivista para sumir a las personas en eternas rencillas fratricidas, han avanzado metastásicamente en Latinoamérica a través de una invasión cultural solapada desde los medios de
comunicación, las ONGs y las instituciones educativas —especialmente las públicas— generando disputas artificiales entre supuestos opresores y oprimidos. Y lo más grave: sus seguidores, hipnotizados por líderes mesiánicos, ni oyen, ni ven, ni entienden.
Me corresponde hablar con firmeza sobre un tema que muchos desconocen o prefieren ignorar: la lucha contra la ideología izquierdópata, disfrazada de “progresismo”, centro tibio o derecha vergonzante. Esto no es solo un fenómeno nacional. Se trata de una agenda continental impulsada por redes
de poder que operan desde estructuras como el Foro de São Paulo y el Grupo
de Puebla, cuyas ideas hoy gobiernan más del 70% de América Latina.
Solo cuatro países (Argentina, Paraguay, Perú y Ecuador) aún conservan, aunque sea nominalmente, modelos con principios liberales o conservadores que defienden los tres pilares fundamentales: la vida, la libertad y la propiedad privada. El resto ha caído en manos de gobiernos de izquierda que promueven el desprecio por la libertad económica, la independencia de poderes y el orden moral necesario para una sociedad libre.
Quiero decirlo con toda claridad: así como en su momento lideramos desde Medellín la resistencia contra el quinterismo y los abusos de poder y corrupción, hoy levantamos la voz contra esta nueva amenaza disfrazada de legalidad. Porque lo que ocurrió en Guatemala no puede ni debe repetirse en
Colombia. Los millones de desplazados por el chavismo, el colapso económico argentino y la inseguridad jurídica que asola nuestras instituciones, son síntomas del mismo cáncer ideológico.
No vamos a permitir que nos roben las elecciones del 2026, ni que manipulen nuestras instituciones desde adentro para deslegitimarlas, cerrarlas o sustituirlas mediante una constituyente hecha a la medida de sus intereses totalitarios. No aceptaremos que nos impongan una justicia paralela al estilo
de la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala), ni que destruyan los organismos de control para proteger a los suyos, como lo se sueña hacer Daniel Quintero y su Bacrim cuando rezan que van a resetear la política, pero para que nadie los controle en sus delirios de monárquicos.
“Por eso hoy levanto la voz.
Porque yo sí voy a hablar.
Yo sí voy a denunciar.
Y voy a contarle al país, paso a paso, cómo opera este modelo autoritario
encubierto.”
Cuando el disfraz de la justicia sirve para encubrir la persecución política, el silencio no es una opción.
El país debe entender que lo que se avecina no es una reforma judicial ni un avance contra la corrupción: es el montaje de una estructura paralela de poder, amparada en una narrativa internacional, diseñada para silenciar al contradictor, anular al opositor y destruir toda voz que defienda la libertad.
En Guatemala, esta estrategia se llamó CICIG. En Colombia, está tomando forma bajo el manto de una falsa “regeneración moral” impulsada desde el petrismo y ejecutada por fichas como Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo. Y aunque los promotores de esta agenda tratan de vendernos el modelo como una herramienta para limpiar la política, la verdad es mucho más oscura: se trata de una operación quirúrgica para controlar el poder judicial, manipular medios y doblegar a quienes no se arrodillen ante su proyecto autoritario.
Como concejal de Medellín, he visto cómo esta agenda va infiltrando lentamente nuestras instituciones: se desacredita al Congreso, se amenaza con constituyentes ilegítimas y se promueve la intervención internacional como salvación. ¡No señores! Lo que pretenden no es salvar la democracia, sino implantar un modelo chavista de persecución legal, lo que los expertos ya reconocen como lawfare ideológico.
Que no nos engañen: el mismo guion que destruyó el equilibrio institucional en Guatemala se está ensayando en Colombia. Es un libreto probado: primero viene la deslegitimación del sistema judicial tradicional; luego, la imposición de jueces amigos; después, las investigaciones selectivas y los procesos sin garantías. Todo eso, adornado con un discurso anticorrupción que solo aplica
a quienes no están del lado del régimen.
Esto no es teoría conspirativa: es una advertencia con nombres, fechas y antecedentes. Iván Velásquez, mientras fue comisionado en Guatemala, no construyó justicia: construyó miedo. Su alianza con las élites de la izquierda radical latinoamericana no solo fue evidente, sino funcional a sus fines. Hoy,
desde el Ministerio de Defensa, repite las mismas jugadas, ahora con más poder y con el respaldo irrestricto del Presidente Gustavo Francisco Petro.
Colombia debe reaccionar antes de que sea tarde. No podemos permitir que se repita el mismo ciclo de persecución judicial y colapso institucional. No podemos tolerar que nuestras cortes se conviertan en trincheras ideológicas ni que nuestras fiscalías se usen como herramientas para aplastar a los
disidentes.
Y si desde la élite política nacional se prefiere mirar para otro lado, yo no lo haré.
Desde el Concejo de Medellín, yo sí voy a hablar.
Yo sí voy a denunciar.
Y voy a levantar la voz frente a este modelo de “justicia” que no busca verdad
ni reparación, sino venganza y control total.
Porque mientras otros callan por conveniencia, yo hablo por convicción. Y así como derrotamos al quinterismo, vamos a derrotar esta amenaza.
Prepárense. Porque esto apenas comienza.