OPINIÓN POR: Julián Ceballos Concejal de Sabaneta
Estamos a dos meses de finalizar el año y Colombia atraviesa una compleja realidad económica y social que demanda un análisis profundo y acciones concretas. En un año marcado por la transición de gobiernos locales y una estructura impositiva que sigue asfixiando a empresas y emprendedores, es evidente que el país requiere un cambio de rumbo que impulse el desarrollo económico y la justicia social.
El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para 2024 se sitúa en un modesto 2%. Aunque se anticipa una aceleración al 2.8% en 2025, impulsada por la demanda interna, la economía colombiana necesita más que optimismo para salir adelante. Se requiere un enfoque concreto que favorezca la inversión y disminuya las tasas de desempleo, que hoy rondan el 10.2%, un nivel que refleja la necesidad urgente de mayor estabilidad laboral y generación de oportunidades, especialmente para los jóvenes y las mujeres en zonas rurales.
A los actuales alcaldes les ha quedado pequeño el escritorio y grande las voluntades para actuar frente al cambio. La falta de autonomía de los gobiernos locales, consecuencia de una serie de gobiernos que dejaron proyectos inconclusos y anquilosaron el progreso social, resalta la necesidad de construir una base sólida que permita a las administraciones locales una verdadera independencia en la ejecución de sus presupuestos. El desarrollo no puede depender de decisiones centralizadas que no siempre reflejan la realidad de las regiones. Para que cada rincón del país prospere, es crucial que los alcaldes y gobernadores puedan invertir en infraestructura, educación y capacitación laboral con autonomía y con una visión que responda a las necesidades locales. Necesitamos un gobierno menos paternalista, que promueva la independencia económica y que actúe como promotor de la libre empresa, vigile el cumplimiento de las normas pactadas y se dedique a gobernar en lugar de trinar.
Pero si en lo administrativo no llueve, en lo empresarial no escampa. Otro aspecto relevante en la discusión es la capacidad del país para generar un ambiente que permita la consolidación de empresas emergentes, especialmente aquellas orientadas hacia industrias tecnológicas y servicios exportables, como el big data y la inteligencia artificial. Estas industrias no solo generan empleo, sino que aportan al fortalecimiento de la economía nacional, diversificando la oferta exportable de Colombia y abriéndole paso en mercados internacionales. En este sentido, es necesario que tanto el gobierno como las cámaras de comercio y agencias regionales trabajen juntos para fortalecer el tejido empresarial y facilitar la inclusión de pequeñas y medianas empresas en el mercado global. Tener a los colombianos trabajando en innovación y desarrollo es pensar en mejores condiciones de vida, una participación más activa en mercados mundiales y derramas económica importante.
Finalmente, se acerca la negociación del salario mínimo para el próximo año, un tema que trae consigo el eterno debate sobre el equilibrio entre mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y proteger la sostenibilidad de las empresas. Es una oportunidad para priorizar un modelo empresarial que valore la calidad de vida de los empleados, promoviendo prácticas laborales que ofrezcan estabilidad y crecimiento personal.
El año aún está vivo y con la llegada de 2025, se vislumbran tanto retos como oportunidades. Es el momento de proyectar un futuro donde Colombia pueda capitalizar sus fortalezas y abordar con determinación sus debilidades. Cada peso invertido en emprendimientos locales, en capacitación y en educación debe verse como una apuesta para asegurar un crecimiento inclusivo y sostenible. La esperanza de un país más equitativo y próspero depende de nuestra capacidad de cerrar 2024 con una visión clara y trabajar juntos hacia un 2025 en el que el desarrollo sea una realidad para todos.