El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, está en el ojo del huracán tras revelarse un escándalo de proporciones históricas que pone en jaque la credibilidad del Gobierno y la estabilidad de la mayor empresa estatal del país. Según una investigación revelada por Revista Semana, al menos 70 altos funcionarios de Ecopetrol habrían sido objeto de interceptaciones de sus comunicaciones electrónicas, documentación física y dispositivos tecnológicos, en el marco de un contrato confidencial firmado con la firma internacional Covington & Burling LLP.
La operación, denominada internamente como “Operación Casita”, habría iniciado como una consultoría reputacional, pero terminó derivando en una supuesta operación de espionaje corporativo sin precedentes.
Todo comenzó en agosto de 2024, cuando Ecopetrol suscribió un contrato por USD $875.000 con Covington & Burling LLP, una de las firmas más prestigiosas de Washington, para asesorar a la Junta Directiva en cumplimiento internacional, relaciones con autoridades estadounidenses y reputación corporativa. Sin embargo, el 31 de diciembre de 2024, se firmó un otrosí que aumentó el valor a USD $5.875.000 (más de 25 mil millones de pesos colombianos), sin que este fuera aprobado por la Junta Directiva.
La situación se tornó aún más grave cuando la firma tuvo acceso a pantallazos de chats, correos confidenciales, documentos internos y entrevistas a altos ejecutivos, todo sin autorización judicial, en una aparente violación a los principios de privacidad y buen gobierno corporativo.
El presidente de la Junta Directiva, Guillermo García Realpe, confirmó la existencia del otrosí y lo calificó como una “decisión grave y abusiva”. Aseguró que el contrato fue suspendido en enero-febrero de 2025, y que ningún pago adicional ha sido realizado por este motivo.
Revista Semana accedió a un documento clasificado que confirmaría que la firma internacional ordenó la retención y preservación de información de al menos 70 funcionarios, incluyendo a directivos de Cenit, Hocol y la propia cúpula de Ecopetrol. El procedimiento se aplicó sobre correos electrónicos, documentación física, soportes digitales y dispositivos como computadores, celulares y tabletas.
Curiosamente, en la lista de personas interceptadas aparecen el mismo Ricardo Roa y el director de cumplimiento Alberto Vergara, firmante del polémico contrato. Roa, por su parte, dijo a Semana que “jamás dio una instrucción para interceptar a nadie”, y que él mismo fue víctima de esas medidas.
La contratación de Covington se produjo tras un informe de la firma británica Control Risks, que alertó sobre los riesgos reputacionales que enfrentaba Ecopetrol por situaciones personales del presidente Ricardo Roa:
- Compra de un apartamento de lujo a precio reducido al empresario Serafino Iacono.
- Presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, donde Roa fue gerente.
- Contratos con una empresa relacionada al fallecido William Vélez, exjefe de Roa y cercano a su pareja Julián Caicedo Cano.
Aunque el contrato ha sido presentado como institucional, el nombre de Roa figura como el centro de los análisis y su perfil está íntimamente ligado al objeto del contrato.
Antes de que se conocieran las interceptaciones, el representante a la Cámara Juan Espinal (Centro Democrático) ya había lanzado una fuerte advertencia: “Es lamentable lo que está pasando en Ecopetrol. La Junta Directiva firmó un contrato por 5 millones de dólares, es decir, 25 mil millones de pesos colombianos, para tratar de lavarle la cara al señor Roa. Y en las últimas horas, conocimos un informe de la Procuraduría donde se establece que Roa, cuando fue gerente de la campaña de Petro, violó los topes de campaña y ocultó información financiera. Esto es supremamente grave. Hay un presunto delito penal. Le solicito a la Junta Directiva que le exijan la renuncia inmediata. El daño reputacional a Ecopetrol es profundo”.
La revelación provocó una inmediata reacción por parte de la exdirectora de Semana, Vicky Dávila, quien publicó un mensaje contundente: “URGENTE: SEMANA revela la lista de 70 funcionarios de Ecopetrol a los que Ricardo Roa habría ordenado interceptar sus comunicaciones. […] Este Gobierno es un peligro. Así es el socialismo. Así son las dictaduras.”
El escándalo se produce en un momento delicado para Ecopetrol. La empresa acumula nueve trimestres consecutivos de caída en sus utilidades. De $33,4 billones en 2022, pasó a $14,9 billones en 2024, y $3,1 billones en el primer trimestre de 2025.
Además, la calificadora Fitch Ratings bajó la perspectiva de Ecopetrol de estable a negativa en marzo de 2025, advirtiendo sobre los efectos reputacionales y fiscales que enfrenta la petrolera.
A pesar del plan de austeridad anunciado por Roa desde 2023, la contratación multimillonaria con Covington parece contradecir esa política.
El llamado a la renuncia de Ricardo Roa se ha intensificado desde distintos sectores. Aunque algunos directivos, como Mónica de Greiff, han elogiado su “liderazgo inspirador”, otros sectores políticos, empresariales y de control han calificado su permanencia como insostenible.