Guaviare: más de 10.000 personas sitiadas por el poder criminal de Iván ‘Mordisco’ y ‘Calarcá

Una grave crisis humanitaria sacude al departamento del Guaviare, donde más de 10.000 personas permanecen confinadas por las acciones violentas de dos de los criminales más peligrosos del país: alias Iván Mordisco, líder del Bloque Amazonas, y alias Calarcá Córdoba, cabecilla del Bloque Jorge Suárez Briceño. Así lo denunció la Defensoría del Pueblo en un comunicado urgente emitido este lunes.

Desde el pasado 26 de mayo, estructuras armadas de las disidencias de las FARC han bloqueado la circulación por la “Trocha Ganadera” y otras vías esenciales, sitiando a comunidades de al menos 60 veredas y corregimientos, incluyendo Charras Boquerón, Interveredal de San Francisco, Guacamayas y Cámbulos. Según la Defensoría, este confinamiento ha derivado en desapariciones, asesinatos y reclutamiento de menores, hechos que ya habían sido advertidos en la Alerta Temprana 001 de enero de este año.

La violencia y los enfrentamientos entre estos grupos ilegales han impedido el paso de misiones médicas y han generado un grave desabastecimiento de alimentos y bienes esenciales, lo que pone en riesgo a estudiantes, docentes y familias enteras. La entidad subrayó que la presencia armada sigue creciendo, intensificando el riesgo para las comunidades afectadas, que permanecen aisladas y expuestas a nuevas vulneraciones de sus derechos.

Ante la magnitud de la emergencia, la Defensoría solicitó al Gobierno Nacional la convocatoria inmediata de un CIPRAT extraordinario con enfoque territorial y la instalación urgente de un Puesto de Mando Unificado por la Vida en San José del Guaviare. El objetivo es coordinar una respuesta humanitaria efectiva y garantizar el levantamiento del confinamiento que mantiene a miles de personas atrapadas en medio de la violencia.

Finalmente, el organismo insistió en la necesidad de activar mecanismos humanitarios y de diálogo para restaurar la libre circulación, proteger a defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y garantizar la seguridad de la población civil.