Ocho partidos políticos se pronunciaran enérgicamente contra la decisión del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular mediante decreto, tras haber sido rechazada por el Senado.
En una carta conjunta, firmada por Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y Partido ASI, los líderes opositores calificaron la iniciativa presidencial como “un golpe de Estado” y una amenaza directa al orden constitucional.
“La medida anunciada por el presidente es unilateral, inconstitucional y representa una grave violación al principio de separación de poderes”, señala el documento divulgado el 3 de junio. Las colectividades advirtieron que el Ejecutivo no tiene facultades para sustituir al Congreso ni imponer mecanismos de participación ciudadana sin seguir el procedimiento legal correspondiente.
La carta también hace un llamado urgente a las entidades de control e instituciones judiciales del país. “Instamos a la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Procuraduría, la Contraloría y los organismos electorales a actuar con independencia bajo el principio de legalidad”, enfatiza el texto.
Los partidos también recalcaron que el Registrador Nacional debe verificar que se cumplan todos los requisitos legales antes de aprobar cualquier convocatoria a consulta popular, insistiendo en que la iniciativa presidencial desconoce la reciente negativa del Senado.
“El presidente ha decidido avanzar con un decreto para convocar su consulta popular, ignorando la decisión soberana del Senado de la República. Esta conducta representa una violación deliberada y sistemática de la Constitución”, advierten los firmantes, quienes acusan a Petro de presionar a las instituciones con un discurso confrontacional y de corte autoritario.
Finalmente, los partidos concluyen su pronunciamiento con un firme llamado al respeto institucional: “Colombia no puede ser sometida a la voluntad de una sola persona. Es indispensable preservar la autonomía del Congreso y el Estado de Derecho”.
La situación deja al país en un escenario político delicado, con fuertes cuestionamientos sobre la legitimidad y el alcance del poder presidencial frente a las instituciones democráticas.
