El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón denunció en una entrevista en la revista Semana que la Fiscalía General de la Nación estaría actuando con una “premura inusual” en su contra, reactivando con intensidad una investigación relacionada con la construcción de dos Centros de Atención Inmediata (CAI) en Rionegro, durante su gestión como alcalde entre 2016 y 2019.
“Me llama la atención la celeridad”, dijo Rendón, al referirse al expediente que lo señala por presuntos delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. A su juicio, el proceso tiene motivaciones políticas y responde a un intento de debilitar su papel de oposición al presidente Gustavo Petro.
“No me cabe la menor duda de que ese es el propósito de Petro y sus aliados”, afirmó. “¿Sabe qué pasaría si me roban la libertad? Petro nombraría al gobernador de Antioquia, lo encargaría por el tiempo que le dé la gana y usurparía un mandato legítimo, que me fue otorgado por casi un millón de antioqueños”, agregó.
Según información conocida por el medio y confirmada por el propio mandatario, en el último mes la Fiscalía ha adelantado 27 actividades procesales en su contra, cifra que calificó como excesiva frente a la lentitud con la que se investigan a otros actores políticos, especialmente allegados al presidente. “La celeridad de la Fiscalía respecto a mi caso y la lentitud en los procesos con los colaboradores más cercanos de Petro es bastante sospechosa”, indicó.
Rendón defendió la legalidad de la construcción de los CAI y aseguró que estos proyectos ayudaron a disminuir significativamente la criminalidad en sectores críticos del municipio. “Ahí están los CAI, se los entregamos a la Policía. Cuatro Esquinas era el barrio más peligroso de Rionegro […] y en San Antonio asesinaron a un cura. Era necesaria una estación de Policía”, explicó.
También reiteró que no se perdió ningún recurso público y que todo se ejecutó conforme a la ley. El gobernador cerró su intervención alertando sobre lo que consideró una estrategia para interferir con el mandato democrático otorgado por los antioqueños en las urnas