El próximo lunes 16 de septiembre, la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) debatirá y votará el pliego de cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro. El motivo: la presunta violación de los topes electorales, con un exceso superior a los 5.300 millones de pesos, tanto en la primera como en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Esta votación podría abrir formalmente una investigación que pondría al presidente Petro en el centro de una crisis política sin precedentes.
Los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz han sido los encargados de estructurar este pliego, enfrentándose a una campaña de intimidación y amenazas desde que se conocieron los detalles de la investigación. El ambiente en la sala del CNE es tenso; los magistrados se encuentran bajo presiones y ataques públicos, principalmente orquestados por el propio presidente, quien no ha dudado en lanzar insinuaciones alarmistas de que este proceso busca un «golpe de Estado» en su contra.
No es la primera vez que Petro utiliza su estrategia de victimización para desviar la atención de las graves acusaciones en su contra. Ante las contundentes pruebas presentadas por los magistrados, Petro ha preferido calificarlas de «chambonas» y acusar a Prada de ser un «enemigo político» por su pasado como congresista del Centro Democrático. Es paradójico que, aunque el magistrado Prada se declaró impedido para investigarlo, la sala plena del CNE le negó el impedimento, mostrando un proceso de transparencia judicial que Petro parece querer desvirtuar a toda costa.
El presidente ha sido claro en su postura: “El lunes empieza el golpe de las corbatas”, afirmó en redes sociales, insinuando una conspiración entre magistrados, congresistas y lo que él llama «mafiosos políticos». Pero ¿dónde están las pruebas? ¿Quién, en realidad, está detrás de las mafias que Petro denuncia? El mandatario parece más enfocado en construir narrativas que desvían la atención de los hechos.
El clima de miedo es evidente entre los magistrados del CNE. Algunos han recibido advertencias veladas sobre el control de grupos armados, hoy beneficiados por la llamada «paz total» impulsada por el gobierno de Petro. Estas amenazas han llevado a que algunos magistrados, como Álvaro Hernán Prada, tuvieran que sacar a sus familias del país. Otros, bajo el peso de estas presiones, prefieren no salir a la calle o limitar sus movimientos.
El hecho de que se contemple trasladar la votación a una guarnición militar o un comando de Policía refleja el nivel de temor que se vive en torno a esta decisión. No es solo una cuestión electoral; es una batalla por la institucionalidad y la seguridad jurídica del país.
Mientras tanto, la defensa de Petro ha utilizado toda clase de recursos judiciales para dilatar el proceso y evitar una investigación formal. Han intentado frenar la votación con argumentos de incompetencia del CNE, a pesar de que la Sala de Consulta del Consejo de Estado ya confirmó la legitimidad del tribunal para investigar al presidente en su calidad de candidato. No es descabellado pensar que, el próximo lunes, la magistrada Alba Lucía Velásquez, cercana al Gobierno, intente pedir una rotación del expediente para aplazar la votación.
El desenlace de este proceso no solo afecta al presidente Petro y su entorno. La votación en el CNE, que podría resultar en una investigación formal, será un hito para la democracia colombiana. En juego están el respeto a las reglas del juego democrático, el rol de las instituciones y el peligro de que la violencia verbal desde la cúpula del poder genere consecuencias reales sobre la vida política y judicial del país.