El Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), liderado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, aprobó la suspensión de la regla fiscal por tres años, a pesar de la oposición del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf). La decisión, que permitirá al gobierno mayor flexibilidad para endeudarse, ha generado preocupación por sus efectos en el déficit fiscal, la calificación crediticia y la confianza en los mercados internacionales.
La medida, que se discutirá próximamente en un consejo de ministros para ultimar detalles del Presupuesto General de la Nación 2025, marca la segunda suspensión de la regla fiscal desde la pandemia de 2020-2021. Según el Plan Financiero, el déficit fiscal proyectado para 2025 era del 5,1% del PIB, pero analistas de Corficolombiana estiman que podría alcanzar el 7,4% debido a la sobreestimación del recaudo tributario (proyectado en $320,9 billones, pero ajustado a $286,9 billones por el Carf) y la dificultad para recortar gastos. Este nivel sería el doble del promedio registrado entre 2016 y 2020 (3,7% del PIB).
La suspensión de la regla fiscal, establecida en 2011 para garantizar la sostenibilidad fiscal, podría elevar la deuda pública, proyectada en 61,3% del PIB en 2024, y aumentar el costo del servicio de la deuda, estimado en $112,9 billones para 2025, superando la inversión pública ($68,8 billones). Según Corficolombiana, el déficit a financiar en 2025 será entre $26 y $47 billones superior a lo previsto, lo que incrementará la presión sobre las tasas de los bonos TES, encareciendo el financiamiento público y privado.
Exministros de Hacienda como José Antonio Ocampo y José Manuel Restrepo advirtieron sobre graves consecuencias. Ocampo señaló que la suspensión podría cerrar el acceso a la Línea de Crédito Flexible del FMI, reservada para países con fundamentos macroeconómicos sólidos. Por su parte, Restrepo alertó que Moody’s, la única calificadora que mantiene a Colombia en grado de inversión (Baa2), podría rebajarlo, sumándose a Fitch y S&P, que ya lo sitúan en BB+ con perspectiva negativa. Esto elevaría el riesgo país, desincentivaría la inversión extranjera y presionaría la depreciación del peso, afectando la inflación y el consumo.
La decisión ha desatado críticas por la falta de una justificación económica sólida, como un evento catastrófico. Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara, calificó la medida como “absolutamente contraproducente”, argumentando que aumentará el riesgo país, dificultará el financiamiento y podría acelerar una degradación crediticia. Por su parte, Enrique Gómez, líder político, sugirió motivaciones electorales detrás de la suspensión, acusando al gobierno de buscar financiar campañas para 2026, lo que generaría inestabilidad institucional.
Efectos en los mercados y la inversión
La suspensión envía un mensaje de incertidumbre a los mercados internacionales, según Restrepo, actual rector de la EIA. Esto podría elevar las tasas de interés, contraer la inversión productiva y debilitar el peso colombiano, impactando sectores clave como la construcción y los servicios financieros. Además, la inflación, que persiste por encima del rango meta del Banco de la República (2-4%), podría agravarse, afectando el poder adquisitivo.
El Confis, integrado por el ministro Ávila, la directora del DNP, Natalia Molina, y otros funcionarios, justificó la suspensión por la necesidad de enfrentar un bajo crecimiento económico (proyectado entre 2,4% y 2,9% para 2025) y un déficit de cuenta corriente (2,7% del PIB). Sin embargo, el Carf insistió en que no hay condiciones excepcionales que ameriten esta medida, recomendando en cambio ajustes fiscales estructurales.
Analistas coinciden en que, para mitigar los impactos, el gobierno debe implementar reformas que eleven los ingresos al 17,8% del PIB y reduzcan el gasto al 15% del PIB, como sugiere el BID. De lo contrario, la suspensión de la regla fiscal podría comprometer la sostenibilidad fiscal a mediano plazo, limitando la capacidad de Colombia para responder a futuras crisis económicas.