La decisión del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) de suspender la regla fiscal por tres años ha desatado una ola de críticas, lideradas por el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, quien calificó la medida como un paso hacia el “gasto desbordado” y el “endeudamiento sin freno”, comparándola con el inicio del declive económico de Argentina bajo el kirchnerismo. La suspensión, aprobada pese a la oposición del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), permitirá al gobierno mayor flexibilidad para financiar el Presupuesto General de la Nación 2025, pero a un costo que podría comprometer la estabilidad macroeconómica del país.
Restrepo, actual rector de la EIA, advirtió que suspender la regla fiscal sin un “hecho extraordinario” que lo justifique –como lo fue la pandemia en 2020– abre la puerta a un “populismo fiscal” que conducirá a déficits crónicos y un eventual colapso económico. “Así empezó el declive argentino: déficits crónicos, populismo fiscal y colapso económico. Hoy pagan con ajuste extremo. Si seguimos ese libreto, tarde o temprano también necesitaremos alguien que haga el trabajo sucio que el gobierno actual se negó a hacer”, afirmó en un comunicado.
El exministro proyecta un panorama alarmante para 2026: un déficit fiscal superior al 7,8% del PIB y una deuda pública que superará el 63% del PIB, los peores niveles en la historia de Colombia. Según Restrepo, la única salida será declarar una emergencia económica para reformar la estructura tributaria, fomentar el crecimiento liderado por el sector privado, descentralizar competencias a los entes territoriales y reducir el tamaño del Estado en al menos un 30%. “Mil veces se pidió recortar el exceso de gasto burocrático, inversiones innecesarias y derroche”, lamentó.
El Plan Financiero 2025 estimaba un déficit del 5,1% del PIB, pero analistas de Corficolombiana ya proyectan un 7,4%, impulsado por una sobreestimación del recaudo tributario ($286,9 billones frente a los $320,9 billones previstos) y la rigidez del gasto público. La suspensión de la regla fiscal, establecida en 2011 para garantizar la sostenibilidad fiscal, podría agravar esta situación, elevando el servicio de la deuda ($112,9 billones) por encima de la inversión pública ($68,8 billones).
Cinco impactos “indeseados”
Restrepo enumeró cinco consecuencias graves de la decisión:
- Aumento del riesgo país: La prima de riesgo se disparará, encareciendo el endeudamiento público y privado.
- Volatilidad cambiaria e inflación: La depreciación del peso y nuevos riesgos inflacionarios limitarán la capacidad del Banco de la República para reducir tasas de interés.
- Caída de la inversión: La desconfianza desincentivará la inversión privada y extranjera, afectando el crecimiento y el empleo.
- Menor inversión social: El aumento en los intereses de la deuda reducirá el presupuesto para programas sociales.
- Ruptura de la tradición macroeconómica: Colombia perderá su reputación de manejo fiscal prudente, construida durante décadas.
Riesgo de perder el grado de inversión
La suspensión ha generado temores de una degradación crediticia. Moody’s, la única calificadora que mantiene a Colombia en grado de inversión (Baa2), podría rebajarlo, sumándose a Fitch y S&P (BB+ con perspectiva negativa). Esto elevaría el costo de financiación y cerraría el acceso a la Línea de Crédito Flexible del FMI, según el exministro José Antonio Ocampo. Restrepo subrayó que “romper la regla fiscal es repetir el error argentino y nos va a doler la salida”.
El exministro calificó la suspensión como un “triste y peligroso camino” que desconoce la importancia de la regla fiscal, la cual “no estorba, protege”. Críticos como Óscar Darío Pérez y Enrique Gómez han sugerido motivaciones políticas detrás de la medida, como financiar campañas electorales para 2026. Restrepo insistió en que descalificar la regla fiscal refleja una ideología de “gastar, gastar y gastar” sin control, lo que llevará a “todos a perder”.
El Confis, presidido por el ministro Germán Ávila y con la participación de la directora del DNP, Natalia Molina, justificó la suspensión por la necesidad de enfrentar un bajo crecimiento (proyectado entre 2,4% y 2,9%) y un déficit de cuenta corriente (2,7% del PIB). Sin embargo, el Carf argumentó que no existen condiciones excepcionales que ameriten la medida, recomendando ajustes estructurales en lugar de relajar la disciplina fiscal.
Restrepo urgió al gobierno a reconsiderar la suspensión y priorizar la reducción del gasto innecesario para evitar un escenario de crisis. De lo contrario, Colombia podría enfrentar una contracción económica, mayor inflación y una pérdida de credibilidad internacional, con consecuencias que se extenderán más allá del actual gobierno. “La regla fiscal no es un obstáculo, es una protección. Romperla nos llevará a un doloroso ajuste en el futuro”, concluyó.