Nueve partidos políticos de oposición e independientes solicitaron formalmente al Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, abstenerse de tramitar el Decreto 0639 de 2025, mediante el cual el presidente Gustavo Petro convoca a una consulta popular sobre la reforma laboral. Los partidos argumentan que el acto administrativo es inconstitucional y pidieron que sea devuelto o, en su defecto, inaplicado mediante la figura de la excepción por inconstitucionalidad, prevista en el artículo 4 de la Constitución.
La solicitud fue firmada por los partidos Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Verde Oxígeno, Liga Anticorrupción, Partido Liberal y Nuevo Liberalismo, quienes advierten que el decreto vulnera principios esenciales del orden constitucional, como el Estado Social de Derecho, la soberanía popular, la separación de poderes, el debido proceso y, en particular, el mandato expreso del Senado de la República, que negó la solicitud del Gobierno para convocar la consulta el pasado 14 de mayo.
Según los firmantes, el Gobierno incurre en una extralimitación de funciones al expedir el Decreto 0639 sin contar con el concepto previo y favorable del Senado, exigido por el artículo 104 de la Constitución y las leyes estatutarias 134 de 1994 y 1757 de 2015. Esta situación, dicen, no solo constituye una violación al principio de legalidad, sino que también podría tener consecuencias económicas graves, dado el uso de recursos públicos en una convocatoria que carece de sustento jurídico.
“Señor Registrador, resulta imperante que en cumplimiento del mandato constitucional a usted otorgado, devuelva al Gobierno Nacional el decreto por el incumplimiento de los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico”, se lee en la solicitud.
Además, los partidos recordaron que el Registrador tiene la facultad de inaplicar normas que contradigan la Constitución, acudiendo a la excepción por inconstitucionalidad, una figura que permite a los servidores públicos abstenerse de aplicar normas que desconozcan la Carta Magna.
Esta petición se suma a la demanda de nulidad presentada ante el Consejo de Estado por la senadora María Fernanda Cabal y respaldada por el Centro Democrático, en la que también se cuestiona la legalidad del decreto y se solicita su suspensión provisional.
Los firmantes advirtieron que permitir la ejecución del decreto sentaría un grave precedente institucional y pusieron en duda la legitimidad de una consulta convocada en abierta contradicción con el orden jurídico vigente.
“Frenar esta consulta no es un acto político: es una obligación constitucional. La democracia se defiende haciendo respetar las reglas del juego”, concluye la comunicación enviada al Registrador.