En un contundente acto de defensa de la democracia, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal presentó una demanda de nulidad por inconstitucionalidad contra el Decreto 639 del 11 de junio de 2025, con el cual el Gobierno de Gustavo Petro intenta convocar una consulta popular sobre la reforma laboral sin el aval del Senado de la República.
La acción judicial, radicada ante el Consejo de Estado, denuncia que el decreto fue expedido en abierta contradicción con el artículo 104 de la Constitución Política, que exige el concepto previo y favorable del Senado para la convocatoria de consultas populares. El pasado 14 de mayo, el Senado había rechazado formalmente la solicitud del presidente Petro para adelantar dicho mecanismo.
“Defender la democracia no es una alternativa, es un deber. La Constitución no es un obstáculo: es el límite que protege la libertad. Cuando un presidente actúa por encima de la ley, se convierte en un riesgo para el Estado de Derecho”, afirmó la senadora Cabal, quien una vez más se posiciona como la voz firme, valiente y coherente frente a los excesos del Ejecutivo.
Además de solicitar la nulidad del decreto, Cabal pidió la suspensión provisional del mismo como medida cautelar, para evitar que continúe un proceso que, según ella, vulnera la separación de poderes, la legalidad del sistema democrático y el principio del equilibrio institucional.
La demanda sostiene que el Gobierno Nacional usurpa funciones del Congreso al avanzar con la consulta sin aprobación legislativa, lo cual representa una peligrosa alteración del orden constitucional. “No podemos permitir que se utilicen mecanismos de participación como herramientas de imposición política. Esto no es democracia, es abuso de poder”, declaró la senadora.
Adicionalmente, se presentaron denuncias penales por prevaricato contra el presidente Gustavo Petro y varios de sus ministros, ante la jurisdicción competente.
Con esta ofensiva jurídica, la senadora María Fernanda Cabal vuelve a encabezar la defensa del Estado de Derecho, la institucionalidad y la soberanía del Congreso, consolidándose como una de las principales figuras de oposición y referente nacional en la lucha contra los excesos del actual gobierno.