Con la aprobación en Senado de la reforma laboral impulsada por el Gobierno del Pacto Histórico, el país se encamina hacia uno de los cambios más significativos en décadas en su legislación laboral. Sin embargo, lo que para algunos es una victoria del “trabajo digno”, para otros representa un duro golpe, especialmente para los jóvenes estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), las microempresas y el sector nocturno del comercio.
Uno de los puntos más polémicos del nuevo texto aprobado es la transformación del contrato de aprendizaje del SENA en un contrato laboral a término fijo, con todas las prestaciones de ley. Esta modificación, propuesta por el senador Ariel Ávila, implica que los aprendices ya no tendrán un vínculo académico-práctico, sino una relación laboral formal. Durante su etapa electiva, recibirán el 75% del salario mínimo legal vigente y en la etapa práctica el 100%, es decir, $1.423.500 mensuales.
El cambio ha generado fuertes reacciones, ya que el contrato de aprendizaje fue diseñado como una herramienta formativa, no laboral, y su transformación, según expertos y gremios, desnaturaliza el objetivo del SENA. “El SENA no es una bolsa de empleo, es una institución técnico-tecnológica orientada a formar talento para el desarrollo del país. Con esta reforma se le hace un daño profundo a su misión”, advirtieron voces desde la oposición.
Uno de los sectores más afectados será el de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que ahora deberán asumir mayores cargas laborales sin haber sido exceptuadas de los cambios. Pese a los pedidos, el Senado negó la exclusión de las microempresas de las nuevas disposiciones sobre jornada nocturna, recargos y contratos.
Entre los artículos aprobados, se destaca el cambio de la jornada nocturna, que ahora empezará a las 7 de la noche y no a las 9 como ocurría desde 2002. Esto implica un recargo adicional para cualquier actividad realizada en ese horario, afectando de forma significativa a sectores como bares, restaurantes y entretenimiento nocturno, que podrían ver incrementados sus costos laborales hasta en un 35%.
Además, se aprobó el aumento progresivo de los recargos dominicales y festivos, que pasarán del 75% actual al 100% en 2028, sin distinción entre grandes y pequeños empleadores. Esto agrava el panorama para quienes no operan esos días, como muchas microempresas, pero que igual verán reflejado el impacto en sus estructuras salariales.
Según cálculos de gremios como Fenalco, la reforma podría generar sobrecostos de más de 3,5 billones de pesos, solo con el cambio en el contrato de aprendizaje. “Transformar el contrato del Sena en uno laboral es un retroceso de más de 30 años”, advirtió Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio.
Durante el intenso debate en el Senado, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal fue una de las voces más críticas. Acusó al Gobierno de imponer una agenda ideológica que perjudica a los más vulnerables. “Aquí están las barras bravas ideológicas de la izquierda creyendo que ganaron, cuando lo que van a traer es la ruina para los estudiantes que necesitan el Sena como un medio de superación de la pobreza”, afirmó en un encendido discurso.
La congresista lamentó que el esfuerzo de concertación se tirara por la borda “por una orden del Gobierno”, y denunció que el SENA se ha convertido en un “fortín burocrático de la izquierda”. También criticó que muchos jóvenes de la entidad son movilizados políticamente sin conocer las verdaderas causas: “Esos pobres muchachitos los llevan a marchar en favor de Petro, ni siquiera saben para qué marchan”.
Cabal recordó que el SENA tuvo su mayor crecimiento durante el gobierno de Álvaro Uribe, pasando de 800 mil a 10 millones de estudiantes. “Eso molesta a la izquierda, porque no les gusta la eficiencia con cifras, sino el fanatismo ideológico”, sentenció.
El centro de pensamiento Anif advirtió que la reforma pone en riesgo hasta 140.000 empleos en todo el país, debido al aumento generalizado de los costos y la rigidez en la contratación.
Mientras el Gobierno celebra el avance de su “reforma por el trabajo digno”, en el mundo empresarial y académico crecen las preocupaciones. La aprobación en Senado aún debe pasar por una conciliación con la Cámara de Representantes, que tiene tres días para armonizar las diferencias entre ambos textos antes de que el proyecto sea sancionado por el presidente Gustavo Petro.
A las puertas de un cambio histórico, los estudiantes del SENA, los pequeños empresarios y los trabajadores nocturnos se sienten los más golpeados. El debate continúa, y el país entero observa con atención lo que podría convertirse en una de las reformas más controvertidas del actual gobierno.