Una resolución oficial del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), firmada por el director (e) de Custodia y Vigilancia, teniente coronel Rolando Antonio Ramírez Sanabria, reveló que fue la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, quien solicitó la salida de reconocidos cabecillas de estructuras criminales de Medellín para participar en el evento “Pacto por la Paz Urbana”, liderado por el presidente Gustavo Petro el pasado 21 de junio en La Alpujarra.
La solicitud, recibida el 19 de junio y firmada por Zuleta en su calidad de “coordinadora para la construcción de paz urbana – Medellín y Valle de Aburrá”, incluyó a al menos nueve personas privadas de la libertad, entre ellos alias ‘Douglas’, ‘Tom’, ‘Juan 23’, ‘Carlos Pesebre’, ‘Saya’ y ‘Calambre’, todos condenados por delitos de alta gravedad como homicidio, secuestro extorsivo, concierto para delinquir y uso de menores en actividades criminales.
El documento indica que los reclusos serían trasladados desde la cárcel de alta y media seguridad de La Paz en Itagüí para asistir “sin horas” a un acto público con el presidente de la República en la plazoleta del centro administrativo. Sin embargo, el mismo acto administrativo deja en evidencia que dicha remisión no fue solicitada por una autoridad judicial, como exige la ley, y no se trató de una diligencia judicial, administrativa ni médica, que son las únicas razones legales para autorizar estos traslados.
Lo más grave: la remisión no fue autorizada por un juez, como exige la ley. La resolución,cita normas que claramente solo permiten este tipo de traslados para diligencias judiciales, administrativas o citas médicas. Pero esta salida fue con fines políticos, sin respaldo judicial, y con el único propósito de poner a estos delincuentes en tarima, al lado del presidente de la República, en un acto de propaganda.
La indignación aumenta al conocerse que durante el evento no se cumplieron los protocolos mínimos de seguridad: los capos no llevaban esposas, usaron celulares libremente y no estaban custodiados por personal del Inpec armado. ¿Qué clase de “paz” se construye entregando espacios institucionales a quienes han sembrado terror en las comunas de Medellín?
Expertos denuncian una violación abierta al Estado de Derecho, un uso abusivo del poder por parte de la senadora Zuleta y una legitimación pública de los máximos responsables del crimen urbano en Colombia.