Durante la etapa final del juicio que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal, su abogado defensor, Jaime Granados, presentó un conjunto de argumentos en los que sostiene que no existe prueba alguna que vincule directamente al exmandatario con la determinación o instrucción de dichos actos ilegales.
Según Granados, la Fiscalía no logró demostrar que Uribe hubiera dado órdenes o inducido al abogado Diego Cadena, al excongresista Álvaro Hernán Prada o a cualquier otra persona para influenciar testigos o alterar el curso de procesos judiciales. Durante los alegatos, el abogado también denunció una presunta manipulación en la interpretación de las declaraciones de Uribe por parte de la fiscal del caso, señalando que se habría alterado el sentido de sus palabras al agregar expresiones que él no pronunció.
Una de las afirmaciones centrales de la defensa fue que el expresidente negó tajantemente haber utilizado un lote entregado a Cadena como medio de pago a testigos, tal como lo insinúa la acusación. Jaime Granados presentó este punto como un ejemplo de cómo, según él, la Fiscalía ha forzado interpretaciones para sustentar una hipótesis sin evidencia sólida.
Además, cuestionó el fundamento del escrito de acusación, señalando que en las primeras páginas del documento no aparece materialización alguna de una supuesta estrategia entre Uribe y Cadena desde inicios de 2017, como sostiene la Fiscalía.
Otro eje de los argumentos defensivos fue el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave del proceso, a quien el abogado Granados calificó de poco confiable y contradictorio. El defensor aseguró que Monsalve nunca perteneció a grupos paramilitares —como ha sostenido— y que sus condenas son por delitos comunes. Igualmente, señaló que en el proceso judicial Monsalve reconoce no haber conocido personalmente ni a Álvaro ni a Santiago Uribe Vélez, pese a haberlos vinculado a graves acusaciones, incluyendo la supuesta orden de una masacre.
Para reforzar su argumento, la defensa también presentó la escritura pública No. 428 del 16 de julio de 1996, que demostraría —según Granados— que la hacienda Guacharacas fue vendida a la empresa Ganados del Norte, y no al narcotraficante Santiago Gallón, como ha afirmado Monsalve.
Finalmente, Granados concluyó que la Fiscalía ignoró las pruebas presentadas por la defensa y que no existe ningún elemento posterior al 16 de febrero de 2018 que respalde la acusación de que Uribe haya inducido a Monsalve a retractarse de sus declaraciones.
El caso continúa en fase de alegatos finales, mientras el país permanece atento al desenlace de uno de los procesos judiciales más mediáticos y polémicos de los últimos años.