La Defensoría del Pueblo lanzó un fuerte llamado de urgencia por la grave crisis humanitaria que atraviesa el departamento del Guaviare, donde la disputa territorial entre las disidencias de las FARC –líneas de Iván Mordisco y Calarcá– está generando violencia generalizada, desapariciones, desplazamientos forzados y confinamientos que afectan especialmente a comunidades indígenas.
Según la entidad, los riesgos advertidos en la Alerta Temprana 001 de 2025 se han materializado con fuerza en los últimos meses, dejando a poblaciones enteras sin atención humanitaria ni garantías básicas de seguridad. Durante recientes visitas al departamento, la defensora del Pueblo, Iris Marín, y el vicedefensor reiteraron la urgencia de una intervención integral.
La Fiscalía General de la Nación ordenó agilizar las acciones para recuperar los cuerpos de personas desaparecidas desde abril, en coordinación con la Fuerza Pública, como parte de las medidas institucionales para atender la emergencia.
La Defensoría también exhortó a los grupos armados a permitir la implementación de medidas humanitarias y la apertura de corredores seguros para la población civil, que enfrenta restricciones de movilidad y un reciente paro armado que ha paralizado varias zonas.
A pesar de los anuncios de la Unidad para las Víctimas y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres sobre el ingreso de alimentos y bienes esenciales, la ayuda humanitaria no ha llegado efectivamente a las comunidades, profundizando el sufrimiento de miles de personas afectadas, también, por las inundaciones recientes.
La situación es particularmente crítica para los pueblos indígenas Nükak y Jiw, quienes se encuentran en riesgo de extinción física y cultural debido al desplazamiento forzado y la falta de garantías para permanecer en sus territorios. Además, persisten casos de violencia y explotación sexual contra mujeres y niñas indígenas, considerados patrones sistemáticos de violación de derechos.
“Hemos coordinado acciones con la Fiscalía y autoridades del gobierno nacional y territorial para que se tomen medidas urgentes y estructurales de protección efectiva, de conformidad con los fallos de la Corte Constitucional”, afirmó Iris Marín.
La Defensoría advirtió que continuará monitoreando la situación y acompañando a las comunidades, insistiendo en la responsabilidad del Estado y de los grupos armados para garantizar la vida, integridad y dignidad de la población civil en Guaviare.