El presidente Gustavo Petro y su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, firmaron el Decreto 799 de 2025, que cambia quién puede estudiar las tutelas que se presenten en su contra. Ahora, ya no será el Consejo de Estado el encargado de conocer estos casos, sino cualquier juez del circuito. La modificación ha encendido las alarmas entre expertos y sectores políticos que ven en el decreto un intento por debilitar los controles al poder presidencial.
Desde distintos sectores jurídicos se considera que esta decisión rompe la separación de poderes y atenta contra el principio del juez natural. El Consejo de Estado ha sido históricamente el encargado de conocer las tutelas contra el presidente por su especialidad y jerarquía.
Para muchos expertos, esta decisión es inconstitucional. La ley establece que las competencias de los jueces no pueden ser cambiadas por decreto, sino que deben pasar por el Congreso y tener revisión de la Corte Constitucional. Además, la jurisprudencia ha sido clara: por tratarse del presidente de la República, las tutelas contra él deben ser estudiadas por una autoridad con la jerarquía y el conocimiento suficientes, como el Consejo de Estado.
El decreto además de un cambio técnico sería una estrategia política para proteger a Petro de posibles demandas. Además, dicen que rompe la separación de poderes y concentra aún más el poder en el Ejecutivo.
Frente a esta situación, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal anunció que interpondrá una demanda contra el decreto. Calificó la medida como una jugada peligrosa del Gobierno para blindar a Petro de cualquier control judicial. “Este decreto no solo es inconstitucional, sino que representa un atentado directo contra el equilibrio democrático. Le están quitando al Consejo de Estado —la máxima autoridad para revisar las actuaciones del Presidente— la posibilidad de ejercer un control efectivo, y entregando esa responsabilidad a jueces que, en muchos casos, no tienen la experiencia ni la independencia necesarias para enfrentar al poder”, aseguró Cabal.
La senadora advirtió que esta decisión no puede verse como un simple ajuste técnico. “Lo que hace el Gobierno es torcer la justicia para blindar al Presidente, evadir al Congreso y desmontar los contrapesos institucionales. Es una estrategia clara para consolidar un régimen sin controles, donde el presidente manda, decide y nadie puede cuestionarlo. Y eso, en una democracia, es inaceptable”, concluyó.
La precandidata aseguró que acudirá a las instancias judiciales para pedir la nulidad del decreto y advirtió que seguirá denunciando lo que considera un camino hacia la impunidad y la concentración de poder en manos del Ejecutivo