Tras el alarmante informe de la ONU sobre el aumento del reclutamiento de menores por parte de grupos armados, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal cuestionó el papel del acuerdo de paz y la falta de justicia contra los responsables.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó el pasado 27 de junio un comunicado de prensa titulado “Atrapados en las redes del conflicto: aumento del reclutamiento de niñas y niños”, en la que expresa profunda preocupación por el incremento de casos de reclutamiento forzado de menores en Colombia, especialmente en el contexto preelectoral de 2025.
El organismo verificó 658 casos de graves violaciones a los derechos de la niñez entre 2022 y 2024, de los cuales 474 corresponden a reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados no estatales. Además, se registraron 89 casos de violencia basada en género. Solo en el primer trimestre de este año, se recibieron 118 denuncias, de las cuales 51 ya han sido verificadas.
Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado, afirmó que el reclutamiento infantil genera “violaciones graves como violencia sexual, desapariciones, privaciones de la vida, desplazamientos forzados y vulneraciones del derecho a la salud o la educación”.
Frente a este panorama, la senadora y precandidata presidencial del Partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal, respondió con un fuerte pronunciamiento público a través de la red X, en el que cuestionó el rol de la comunidad internacional, en particular de las Naciones Unidas, en la génesis del actual deterioro de la seguridad infantil en Colombia.
“¿Están ustedes comprendiendo verdaderamente dónde radica la tragedia humanitaria que afecta a cientos de miles de niños reclutados por grupos terroristas en Colombia?”, preguntó Cabal, en un mensaje dirigido directamente a la ONU.
Una crítica directa al acuerdo de paz con las FARC
La senadora responsabilizó de manera directa al acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016, al afirmar que “no trajo la paz”, sino “cuatro disidencias armadas que hoy, nueve años después, siguen sembrando terror en los territorios”.
Asimismo, denunció el crecimiento del narcotráfico, que, según sus palabras, ha convertido a Colombia en el primer productor mundial de cocaína, usando a menores de edad como “carne de cañón para sus estructuras criminales”.
“Del acuerdo que ustedes promovieron con las FARC, surgieron no la paz, sino cuatro disidencias armadas”, subrayó Cabal, recordando que muchas de las estructuras criminales actuales son comandadas por excombatientes que se apartaron del proceso y que hoy operan con impunidad.
Señores de la ONU:
¿Están ustedes comprendiendo verdaderamente dónde radica la tragedia humanitaria que afecta a cientos de miles de niños reclutados por grupos terroristas en Colombia?
1. Del acuerdo que ustedes promovieron con las FARC, surgieron no la paz, sino cuatro… pic.twitter.com/gmfQAeykoi
— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) July 17, 2025
La congresista también dirigió críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro y su política de “paz total”, calificándola como una narrativa sin resultados concretos: “Entre 2016 y 2025 no se ha proferido una sola condena ejemplar contra los cabecillas de las FARC, que hoy continúan delinquiendo mientras el gobierno habla de una supuesta ‘paz total’”, añadió.
Finalmente, Cabal concluyó su declaración con una sentencia que resume su postura: “Mientras no haya justicia, no habrá paz. Y los más indefensos, nuestros niños, seguirán siendo las primeras víctimas de un Estado que ha dejado de protegerlos”.
El informe de la ONU destaca que casi la mitad de los menores reclutados pertenecen a pueblos indígenas (48,3%) y que el 39,7% de las víctimas son mujeres. El organismo denunció también castigos corporales, malos tratos, violencia sexual y casos donde niños fueron obligados a asesinar a sus propios compañeros.
A pesar de la gravedad del diagnóstico, sectores como el que representa la senadora Cabal insisten en que el problema no se resuelve con condenas simbólicas o llamados éticos, sino con una respuesta judicial, militar y política efectiva contra los grupos armados que siguen operando en total impunidad en diversas regiones del país.
