El Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc confirmó este jueves, 17 de julio, el secuestro de nueve funcionarios y contratistas de la Gobernación del Cauca en hechos ocurridos en la zona rural del municipio de López de Micay.
Según un comunicado emitido por el Bloque Occidental de este grupo armado ilegal, el secuestro se registró alrededor de las 4:00 de la tarde, cuando los funcionarios se encontraban adelantando labores relacionadas con la entrega e instalación de equipos en la región.
Los secuestrados fueron identificados como:
- Eivar Alonso Guerrero Anaya
- Sergio Andrés López Gómez
- Angélica María Barona
- Leydi Rocío Guengue
- Paola Andrea Maca Chávez
- Mónica Alexandra Bambague
- Manuela Caicedo Arango
- María Elizabeth López
- Elizabeth Yangana
De acuerdo con las disidencias, las personas fueron interceptadas bajo la acusación de estar entregando e instalando equipos militares a miembros del Ejército Nacional, con el supuesto objetivo de inhibir señales y derribar drones en la zona.
El grupo armado indicó que los funcionarios se encontraban ejecutando el Contrato de Compraventa No. 1948-2025 DC-SGP-CD-RESERVA-2025, vinculado al proyecto con código BPIN20250000002243, el cual tendría un valor de 4.100 millones de pesos y estaría financiado con recursos departamentales para ser implementado en los 42 municipios del Cauca.
Según el comunicado, estos equipos habrían generado cortes de señal móvil y wifi, situación reportada por comunidades locales. Las disidencias señalan que el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, habría destinado recursos no solo para alimentación y combustible, como anunció públicamente, sino también para la adquisición de equipos que, supuestamente, facilitan operaciones militares en la región.
“Coloca a sus funcionarios como claros participantes de las hostilidades, al ser quienes proveen e instalan equipos al Ejército Nacional para así obtener ventaja militar sobre nuestra organización”, indica el texto publicado.
El grupo armado calificó la retención como legítima y aseguró que evaluará el contenido de los equipos decomisados y verificará la identidad de cada uno de los retenidos. Afirmó que “tendrán las mejores condiciones” y que esperan que las operaciones militares en curso “no pongan en riesgo sus vidas”.
Finalmente, las disidencias lanzaron una advertencia a los alcaldes del Cauca para que no involucren a funcionarios civiles en “tareas de guerra” y pidieron a las comunidades informar sobre cualquier presencia de personal “extraño” en zonas bajo influencia de las Farc-EP.
Hasta el momento, ni la Fuerza Pública ni el gobernador Octavio Guzmán se han pronunciado oficialmente frente al anuncio realizado por este grupo armado ilegal.