Jair Bolsonaro atraviesa uno de los momentos más difíciles desde que dejó la presidencia de Brasil. El Supremo Tribunal Federal (STF) ha impuesto medidas restrictivas en su contra en el marco del caso conocido como “Operação Contragolpe”, en el que se le acusa de haber instigado un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022, acusaciones que él niega rotundamente y califica como una persecución política.
El juez Alexandre de Moraes ordenó para Bolsonaro el uso de tobillera electrónica, arresto domiciliario nocturno y durante fines de semana, prohibición total de uso de redes sociales y la imposibilidad de mantener contacto con embajadas o representantes internacionales. Según su defensa, estas medidas no solo afectan sus derechos políticos y civiles, sino que buscan silenciarlo y aislarlo de la escena pública.
Este proceso representa un intento de eliminar cualquier oposición real al actual gobierno, mientras Bolsonaro insiste en que jamás tuvo la intención de huir de Brasil y que está dispuesto a responder ante la justicia siempre que el debido proceso y la imparcialidad sean respetados.
El caso también afecta a su hijo, Eduardo Bolsonaro, quien desde Estados Unidos ha emprendido una campaña para denunciar lo que considera un ataque directo a su familia y a la libertad democrática de Brasil. El STF ordenó congelar sus bienes y lo acusó de conspirar para interferir en la justicia brasileña, asegurando que su presencia en EE. UU. busca generar presión externa.
La situación se ha transformado en un conflicto diplomático de alto nivel, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara aranceles del 50 % a las exportaciones brasileñas como muestra de apoyo a su aliado. “Brasil debe dejar de atacar a Jair Bolsonaro o enfrentará las consecuencias económicas”, declaró Trump, quien considera el proceso contra el expresidente brasileño una “caza de brujas” política.
Desde Brasilia, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva rechazó las sanciones y calificó la decisión estadounidense como un “chantaje inaceptable”, defendiendo la actuación de la justicia. Sin embargo, el STF dio un paso más y acusó a Bolsonaro de incitar actos hostiles desde el exterior para interferir en el proceso, mientras revocó las visas de seis magistrados brasileños, incrementando la tensión bilateral.
Aunque enfrenta arresto domiciliario nocturno y tiene restringidas sus comunicaciones, Bolsonaro continúa firme en su país, apoyado por una base que considera que los procesos en su contra no son más que un mecanismo para eliminarlo políticamente. Mientras tanto, su figura sigue generando apoyo popular y polarización tanto dentro como fuera de Brasil.