Un nuevo escándalo sacude la política de vivienda rural en Colombia. La Contraloría General de la República reveló este lunes un millonario detrimento patrimonial en el manejo de los recursos del Programa de Vivienda de Interés Social Rural (VISR), administrado por Fiduagraria S.A., tras detectar 17 hallazgos fiscales que suman más de $4.250 millones.
Según el informe presentado por el organismo de control, la fiduciaria incurrió en lo que calificó como un “incumplimiento material adverso”, al evidenciar fallas estructurales en la planeación, ejecución y supervisión de los proyectos, así como una débil coordinación con el Ministerio de Agricultura. Estas deficiencias no solo afectan la eficiencia del gasto público, sino que comprometen directamente el derecho a una vivienda digna para cientos de familias campesinas.
Entre los casos más graves identificados se encuentran los contratos de obra No. 081 y 082 de 2023, suscritos con los consorcios La Bendición y La Unción. En el primero, Fiduagraria giró más de $1.857 millones en anticipos para la construcción de 351 viviendas rurales. Sin embargo, solo se realizaron cinco mejoramientos, sin soporte técnico válido ni actas de recibo satisfactorio. En el segundo contrato, el anticipo superó los $730 millones, pero no se ejecutó ninguna obra y tampoco se efectuó la devolución del dinero.
Pese a los incumplimientos evidentes, Fiduagraria otorgó prórrogas contractuales y no activó las gestiones correspondientes ante las aseguradoras, mientras que las acciones correctivas aplicadas fueron calificadas como tardías, débiles o ineficaces.
“La entidad presentó información que no cumple con los requisitos legales ni con los principios rectores de la función pública”, señaló la Contraloría en su pronunciamiento oficial. La gravedad de los hallazgos podría acarrear responsabilidades fiscales y disciplinarias para los funcionarios involucrados.
El ente de control advirtió, además, que lo encontrado no se trata de casos aislados, sino de un patrón de deficiencias estructurales que ponen en entredicho la gestión de los recursos destinados al desarrollo rural en Colombia. Por ello, hizo un llamado urgente tanto a Fiduagraria como al Ministerio de Agricultura para tomar medidas efectivas que permitan recuperar los recursos desviados y garantizar la continuidad del programa.
Mientras tanto, las comunidades rurales afectadas siguen esperando las viviendas prometidas y una solución concreta que asegure su derecho fundamental a una vida digna en el campo.