El departamento del Chocó sigue completamente paralizado tras el paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que durante 48 horas ha sembrado el miedo en cientos de comunidades. La movilidad terrestre y fluvial, el acceso a alimentos, la atención médica y la educación se han visto severamente restringidos, en medio de lo que autoridades y organismos humanitarios califican como una grave crisis humanitaria.
La Defensoría del Pueblo estima que cerca de 500.000 personas están siendo afectadas directa o indirectamente por esta acción violenta, que es la tercera de su tipo en lo corrido del año y la segunda ejecutada por el ELN en 2025. Aunque el grupo insurgente no tiene control total del territorio, su amenaza se hizo extensiva a todo el departamento, generando confinamientos, cierre de escuelas y suspensión total del transporte en varias zonas.
La Defensora, Iris Marín, advirtió que la situación se agrava por la disputa territorial entre el ELN, el Clan del Golfo y disidencias de las FARC, que mantiene a las comunidades en una constante exposición al fuego cruzado. Marín estuvo recientemente en el Medio San Juan y confirmó que la presencia de estos actores armados ilegales ha recrudecido el conflicto en varias subregiones del Chocó.
La gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba, condenó enérgicamente el paro armado y expresó su preocupación por el impacto que tiene en medio de otras emergencias que ya enfrentan las comunidades, como las recientes inundaciones. Córdoba también indicó que las amenazas circularon ampliamente a través de redes sociales y medios locales, alimentando el temor generalizado. Además, recordó que el anuncio del paro se produjo pocos días después de un operativo militar en el municipio de Lloró, donde se incautó material de guerra y se reportó la desmovilización de dos integrantes del ELN.
Desde la Iglesia también se alzaron voces de rechazo. La Diócesis de Quibdó emitió un comunicado en el que condena “toda acción de los grupos armados que implique confinamiento, desplazamiento o cualquier afectación a la libertad de locomoción ciudadana”. La Iglesia hizo un llamado urgente al respeto del Derecho Internacional Humanitario y exigió el cese inmediato de las agresiones contra la población civil.
En respuesta, las Fuerzas Militares, junto con la Policía Nacional y la Fiscalía, reforzaron su presencia en las principales vías terrestres y fluviales del departamento. Más de 340 uniformados han sido desplegados en los ríos Baudó, Atrato y Docampadó para garantizar la libre navegación y prevenir nuevas intimidaciones. La Fuerza Naval del Pacífico también incrementó los controles sobre más de 90 kilómetros de rutas fluviales consideradas de alto riesgo.
En el marco de estos operativos recientes, las autoridades reportaron la neutralización de una emisora clandestina utilizada por el ELN para propaganda, la incautación de panfletos y material de guerra, así como la identificación de miembros de la guerrilla implicados en delitos como el asesinato de un conductor en Lloró.