En una decisión sin precedentes en la historia reciente de Colombia, la juez en primera instancia declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal mientras que lo absolvió del cargo de soborno a testigos, al considerar que incurrió en conductas que afectaron el curso regular de la justicia.
El fallo, cuya lectura duró cerca de diez horas, ha generado amplio debate, no solo por tratarse del mayor líder político de Colombia sino por las dudas que persisten sobre la solidez de las pruebas presentadas en su contra.
La Fiscalía solicitó una pena de 108 meses y una multa de 1.025 salarios mínimos legales vigentes por el delito de soborno en actuación penal y 600 salarios mínimos legales vigentes por fraude procesal mientras que la defensa solicitó que el expresidente pague la pena a través de prisión domiciliaria. La decisión se dará a conocer el viernes en una audiencia a las 2 de la tarde
La acusación señala que, a través de su abogado Diego Cadena, Uribe habría intentado convencer a testigos para que modificaran su versión sobre su presunta relación con el paramilitarismo, específicamente sobre la supuesta creación del Bloque Metro de las AUC en la finca Guacharacas. Uno de los principales testimonios provino del exintegrante de los rastrojos Juan Guillermo Monsalve, quien afirmó que Uribe había fundado ese grupo armado. Sin embargo, en el juicio se demostró que Monsalve no pudo acreditar su pertenencia al Bloque Metro, y que dicho grupo fue creado después de que la familia Uribe ya había vendido la finca en cuestión.
A pesar de estas inconsistencias, la juez determinó que sí hubo un intento de manipular el testimonio de Monsalve y emitió un fallo condenatorio contra el exmandatario.
Uno de los puntos más controvertidos de la audiencia fue la decisión de la juez de declarar legales las interceptaciones hechas al expresidente, a pesar de que se trató de grabaciones obtenidas de manera irregular. En particular, la grabación realizada con relojes espía —elementos que sirvieron como prueba clave en el proceso— fue considerada válida, aun cuando se demostró que su contenido había sido alterado. Según se reveló, uno de los dispositivos que contenía esas grabaciones tenía al menos 124 archivos eliminados, lo que sugiere una manipulación de evidencia que, según expertos, no debería ser desestimada en un juicio con estas implicaciones.
Expertos han calificado el fallo contra el expresidente Álvaro Uribe como “político” y “contrario a la evidencia”. Esta decisión representa una distorsión del rol de la justicia, la cual debe ser la principal garantía del ciudadano en una sociedad que respeta el Estado de Derecho. “La justicia no puede ser usada como herramienta de persecución, sino como el pilar que asegura la convivencia y el respeto por la ley”, señalan sectores que han cuestionado la sentencia.
La defensa anunció que apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá, que será el encargado de revisar el recurso. Tres magistrados estudiarán el expediente y emitirán una nueva sentencia, que podrá ratificar o revocar el fallo en primera instancia. El Tribunal tiene hasta octubre de este año para pronunciarse, fecha en la que el caso podría prescribir. Si el resultado es desfavorable para el exmandatario, aún le quedaría la opción de acudir a un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.
El fallo ha sacudido el panorama político nacional y plantea serios interrogantes sobre el debido proceso y la imparcialidad judicial en un caso que aún no está cerrado.