En un polémico giro en su política de paz, el gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro, designó como gestores de paz a 17 exjefes paramilitares, entre ellos Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’; Hernán Giraldo; Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’; Hebert Veloza, alias ‘HH’; y Salvatore Mancuso. La resolución publicada por la oficina del Consejero Comisionado para la Paz, Otty Patiño, establece que estos antiguos líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ejercerán como gestores de paz por un periodo inicial de seis meses, con el objetivo de contribuir a procesos de desmovilización y sometimiento de organizaciones criminales.
Esta medida permite que los designados actúen como facilitadores entre el Gobierno y grupos armados con el propósito de ”fomentar la paz”, aunque sin modificar su situación jurídica o conceder beneficios judiciales adicionales. La resolución especifica que estos exjefes paramilitares desempeñarán sus funciones bajo condiciones “excepcionales, temporales y territoriales” de acuerdo con el plan de gestión de cada caso. Algunos de los gestores, como ‘Jorge 40’ y ‘Macaco’, actualmente en prisión, podrán recibir permisos especiales para ejercer esta labor desde fuera de sus lugares de reclusión; sin embargo, Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, continuará cumpliendo su condena en Estados Unidos.
El nombramiento de figuras señaladas por crímenes de lesa humanidad ha generado una ola de críticas en diversos sectores del país. Claudia Carrasquilla, Concejal de Medellín, exfiscal y crítica del gobierno, expresó su rechazo en un fuerte pronunciamiento en redes sociales, acusando al presidente Petro de utilizar a las víctimas como “alfiles de su juego político.” Carrasquilla cuestionó si esta medida busca sentar las bases para una posible “ley de punto final sin verdad, sin justicia ni reparación.” La exfiscal también sugirió que la decisión podría tener un trasfondo político de cara a las elecciones de 2026.
Hernán Cadavid, representante a la Cámara, también se sumó a las críticas, manifestando sus dudas sobre los resultados de esta política de paz. En un mensaje dirigido al presidente Petro, cuestionó los beneficios que han obtenido otros gestores de paz, aludiendo a una falta de control y propósito en el programa.
Esta no es la primera vez que el gobierno de Petro recurre a exlíderes paramilitares para buscar desmovilizaciones. Sin embargo, algunos de estos designados, a pesar de haber pasado por el sistema de Justicia y Paz, han sido señalados por reincidencia en actividades delictivas. La resolución también reconoce las limitaciones de la figura de gestor de paz, aclarando que no representa una alteración en la condena ni en el régimen de libertad de los nombrados.
El debate sobre el uso de exparamilitares en roles de paz continúa en la opinión pública y en la esfera política, mientras el gobierno defiende la necesidad de explorar todas las opciones para reducir la violencia. El próximo semestre será clave para evaluar los resultados y el impacto de esta estrategia en la seguridad y el proceso de reconciliación en Colombia.