El Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció la prórroga por siete meses del contrato con la unión temporal liderada por Thomas Greg & Sons para la elaboración de pasaportes en Colombia. La extensión, que se mantendrá vigente entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, busca dar tiempo a la transición hacia un nuevo modelo que estaría a cargo de la Imprenta Nacional, en alianza con la Casa de la Moneda de Portugal.
La decisión se produce en medio de un creciente escándalo institucional. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la canciller encargada, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, por presuntas irregularidades en el convenio suscrito con la Imprenta Nacional para asumir la producción de pasaportes a partir del 1 de abril de 2026.
Junto a Villavicencio, también fueron vinculadas a la investigación Alba Liliana León Herrera, gerente de la Imprenta Nacional, y Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar, secretaria general encargada de la Cancillería. Según el Ministerio Público, el acuerdo, firmado el pasado 18 de julio, carecería de estudios técnicos y actos administrativos previos, como exige la normativa de contratación pública. La Procuraduría advierte que el proceso podría haber violado principios fundamentales como la planeación, economía y transparencia.
Además, el órgano de control cuestionó la legalidad del acto administrativo que permitió a la secretaria general (e) suscribir el convenio, lo que pone en duda la validez de toda la operación interinstitucional.
A estas alertas se suma un informe de la Contraloría General de la República, que ya había advertido sobre los riesgos del nuevo modelo. El ente fiscal señaló que la Imprenta Nacional no ha suscrito contratos con aliados estratégicos ni se ha definido una modalidad de selección clara, lo que pone en riesgo la continuidad del servicio esencial para millones de colombianos.
“La falta de contratación efectiva por parte de la Imprenta Nacional y del Ministerio de Relaciones Exteriores compromete gravemente el cumplimiento de una obligación de Estado”, concluyó la Contraloría.
Mientras se resuelve la situación jurídica y técnica del nuevo modelo, Thomas Greg & Sons continuará emitiendo los pasaportes del país hasta marzo de 2026. La polémica, sin embargo, deja en evidencia las tensiones y debilidades en la planeación de uno de los servicios más sensibles para los ciudadanos