En un hecho que sacude al país, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue condenado, en primera instancia, a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en el marco del proceso que enfrenta por la presunta manipulación de testigos.
La decisión fue tomada por la Juez 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia quien ordena además su detención inmediata y le impone una inhabilitación para ejercer cargos públicos por más de ocho años además de una caución judicial de apenas $6,5 millones de pesos, en un proceso que sigue generando dudas, señalamientos de parcialidad y un profundo malestar en millones de colombianos.
Aunque el fallo absuelve a Uribe de algunas de las acusaciones más débiles —como los casos de Hilda Niño Farfán y Pacho Cundinamarca—, la juez decidió imponerle una condena que muchos consideran desproporcionada y motivada por intereses políticos, más que por hechos contundentes.
Uribe, quien gobernó el país entre 2002 y 2010 y es una de las figuras más influyentes de la política colombiana y el principal obstáculo de la izquierda que gobierna en el país
La defensa de Uribe tiene cinco días para apelar. Mientras tanto, el país asiste con desconcierto a un episodio histórico y doloroso: el primer expresidente de Colombia condenado por la justicia ordinaria, y cumpliendo su pena desde la comodidad del hogar. Una decisión que, aunque marca un precedente, parece no ser suficiente frente al daño causado a la institucionalidad del país.
La defensa del líder del Centro Democrático tiene cinco días para apelar la sentencia, recurso que será resuelto por el Tribunal Superior de Bogotá. A pesar de que el fallo ordena su detención inmediata en su residencia, será ese tribunal el que determine si la medida se hace efectiva de inmediato o solo cuando la sentencia quede en firme.
Esta condena marca un hito judicial en la historia reciente del país, al tratarse del primer expresidente colombiano condenado por la justicia ordinaria.