El Colegio Colombiano de Juristas manifestó su profunda preocupación por los alcances y posibles consecuencias de la sentencia de primera instancia dictada contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, señalando que el fallo plantea serios interrogantes constitucionales relacionados con las garantías judiciales esenciales en un Estado social y democrático de derecho.
A través de un comunicado oficial, la organización gremial reconoció la importancia de respetar la independencia judicial y el deber ciudadano de acatar las decisiones de los jueces. No obstante, subrayó que este respeto no excluye la responsabilidad de evaluar, con rigor técnico, providencias judiciales de alta trascendencia pública y jurídica.
Entre las principales preocupaciones expuestas, el Colegio señaló la presunta vulneración del secreto profesional entre abogado y cliente, la imparcialidad e independencia judicial, la publicidad de las actuaciones, y la posible restricción indebida del derecho a la defensa, al no valorarse de forma adecuada las pruebas solicitadas por la defensa.
“El secreto profesional que ampara la relación abogado-cliente no es un privilegio, sino una garantía fundamental para una defensa libre y eficaz. Su desconocimiento constituye un retroceso histórico en la protección de los derechos fundamentales”, expresa el comunicado.
El gremio también cuestionó la estructura y extensión del fallo, que supera las 1.100 páginas, al considerar que podría representar una desproporción en la motivación judicial. Según el pronunciamiento, una argumentación excesivamente extensa puede desviar el foco del debate jurídico y generar la sensación de un esfuerzo exagerado por justificar decisiones controvertidas.
Ante este panorama, el Colegio Colombiano de Juristas expresó su confianza en que la segunda instancia del proceso revise minuciosamente las actuaciones cuestionadas, a la luz de la Constitución, la ley y los estándares internacionales, con el objetivo de restablecer las garantías vulneradas y preservar la integridad del debido proceso.
La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, respaldó públicamente el pronunciamiento del Colegio. En un mensaje difundido en sus redes sociales, señaló: “Hay que revisar con detenimiento lo que aquí expresan desde el Colegio Colombiano de Juristas sobre la injusta condena en primera instancia contra el presidente @AlvaroUribeVel.
La constante violación de derechos se convirtió en sentencia, y para justificar la culpabilidad que no existe redactaron 1.114 páginas.”
La controversia en torno a la sentencia ha generado un amplio debate sobre el uso del derecho penal en contextos políticos y el papel de las altas cortes en procesos con fuerte carga mediática. Por ahora, la expectativa se centra en lo que pueda determinar el tribunal de segunda instancia, en el que se definirá si se mantiene o se revoca la condena contra el exmandatario.