La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal presentó una demanda de nulidad simple ante el Consejo de Estado contra el Memorando de Entendimiento firmado entre el gobierno de Colombia y el régimen de Venezuela, con el cual se busca establecer la “Primera Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional”.
Según Cabal, el acuerdo fue suscrito sin respaldo legal ni competencia constitucional, lo que —a su juicio— constituye una violación grave a la soberanía nacional. “He interpuesto esta acción porque dicho acto fue suscrito sin competencia legal, violando la Constitución Política de Colombia. Petro y el genocida Maduro no van a negociar a espaldas del país nuestra soberanía”, declaró la senadora, haciendo referencia directa al presidente colombiano y al mandatario venezolano.
El memorando fue anunciado oficialmente por la Presidencia el pasado 18 de julio y firmado por la ministra de Comercio, Industria y Turismo. Sin embargo, Cabal subrayó que no cuenta con la rúbrica del presidente Gustavo Petro ni con la aprobación del Congreso de la República, requisitos constitucionales para este tipo de compromisos internacionales.
Aunque el documento afirma no ser vinculante, la senadora advirtió que sí tiene efectos jurídicos dentro del país, al establecer compromisos como zonas conjuntas de desarrollo, intercambio de información, cooperación institucional y eventuales implicaciones presupuestales. “Esto afecta la soberanía, la legalidad y el ordenamiento jurídico vigente”, aseguró.
En la acción judicial presentada, Cabal también solicitó la suspensión provisional inmediata de los efectos del memorando, mientras se surte el proceso de revisión por parte del alto tribunal.
“Este es otro intento del Gobierno Petro por entregarle la soberanía del país al castrochavismo, violando la ley y despreciando los contrapesos institucionales. No lo vamos a permitir”, concluyó.
La creación de esta zona binacional ha despertado preocupación entre sectores opositores que acusan al gobierno de avanzar en acuerdos internacionales sin el debido control legislativo ni respeto por los procedimientos constitucionales establecidos.