La movilidad en al menos tres departamentos clave del país se encuentra gravemente afectada este martes debido a bloqueos viales derivados de paros mineros y manifestaciones sociales. Boyacá, Cundinamarca y Chocó registran interrupciones en corredores estratégicos, lo que ya comienza a impactar la operación logística, el abastecimiento de insumos y el cumplimiento de contratos en sectores productivos y estatales.
Las movilizaciones involucran a pequeños y medianos productores del sector minero-carbonero, comunidades rurales y usuarios del servicio público de energía, quienes reclaman estabilidad laboral, cumplimiento de acuerdos previos y soluciones a problemáticas estructurales.
En Boyacá, las protestas lideradas por trabajadores del carbón coquizable han paralizado rutas claves como Ventaquemada – Puente de Boyacá – Paipa y el eje Sogamoso – Monguí – Tópaga, zona de intensa actividad extractiva. Los manifestantes exigen garantías contractuales, condiciones laborales dignas y claridad frente a las políticas regulatorias del sector.
Por su parte, en Cundinamarca, la Glorieta de la Vaca —entre Ubaté y Simijaca— y la vía Villapinzón – Tunja permanecen bloqueadas por representantes del mismo sector minero. Adicionalmente, en el municipio de Ubalá, comunidades campesinas interrumpen el paso en zonas rurales, denunciando incumplimientos de la empresa Enel en la prestación del servicio de energía eléctrica. Exigen la ejecución de obras comprometidas y una atención urgente a los reclamos comunitarios.
En Chocó, el tramo Istmina – Quibdó está cerrado por habitantes que denuncian retrasos en proyectos de vivienda financiados con recursos públicos. Los líderes de la protesta señalan que los contratistas han incumplido los cronogramas y acusan a las instituciones de falta de respuestas concretas ante la crisis habitacional.
Los gremios del transporte y la logística de carga han encendido las alarmas por los efectos inmediatos de los bloqueos. Señalan que el flujo de carbón, alimentos, combustibles y materiales de construcción se ha visto comprometido, lo que podría derivar en alzas de precios, sobrecostos operativos y sanciones contractuales para transportadores y proveedores.
Además, advierten que la situación pone de manifiesto la vulnerabilidad de la infraestructura vial rural y la falta de mecanismos eficaces para prevenir y resolver conflictos sociales en regiones cuya economía depende casi exclusivamente de la conectividad terrestre.
En medio de los bloqueos viales que afectan a Boyacá, Cundinamarca y Chocó, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, lanzó duras críticas al presidente Gustavo Petro por lo que considera un abandono del sector minero, uno de los principales protagonistas de las protestas que tienen paralizados varios corredores estratégicos del país.
“Petro se disfrazó de minero para ir por los votos de ese sector al que hoy no le da la cara”, señaló la congresista, haciendo referencia a las visitas del entonces candidato a las zonas carboneras, en las que prometió acompañar al sector y garantizar sus derechos.
Cabal también responsabilizó a las políticas de la exministra de Minas, Irene Vélez, por la crisis actual. “Con Irene Vélez y su teoría del decrecimiento han perseguido la minería sin compasión, poniendo en riesgo la estabilidad económica y laboral de miles de familias”, agregó.
Mientras se mantienen los puntos críticos bajo observación, los sectores afectados hacen un llamado urgente al diálogo entre el Gobierno, las comunidades y los gremios, con el objetivo de desactivar los bloqueos, proteger el aparato productivo y restaurar la movilidad en las zonas afectadas. Las pérdidas económicas acumuladas por cargas detenidas y contratos incumplidos podrían ser millonarias si no se logra una solución pronta.