El partido Centro Democrático presentó una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá contra la sentencia emitida el pasado 1 de agosto por el Juzgado 44 Penal del Circuito de la capital, que ordena la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural y fundador de la colectividad.
La acción fue radicada por Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, actual director nacional del partido y su representante legal, quien alega una grave vulneración de derechos fundamentales, entre ellos el debido proceso, la libertad personal, la presunción de inocencia y el derecho a la oposición política.
Según el documento, la tutela busca que se suspendan de forma inmediata los efectos de la sentencia judicial mientras se resuelve de fondo tanto la apelación presentada como esta acción constitucional. A juicio del Centro Democrático, la decisión del juzgado se aparta de la jurisprudencia sobre el derecho a defenderse en libertad, afecta directamente a su líder y compromete el ejercicio democrático de la oposición en el país.
“La sentencia impugnada incurre en defectos fácticos y jurídicos, desconoce el derecho a la doble conformidad judicial, y genera un perjuicio irreparable, no solo para el ciudadano Álvaro Uribe Vélez, sino también para millones de colombianos que ven en él su principal voz política”, señala el recurso.
El partido también advierte que la detención del expresidente se realizó sin que existiera condena en firme, sin motivación suficiente sobre los riesgos que justificarían la medida restrictiva de libertad y en contravía de la reciente jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, especialmente en relación con el derecho a la doble instancia y al principio de favorabilidad.
“La detención inmediata de Uribe vulnera no solo sus derechos individuales sino los derechos políticos colectivos del partido como fuerza de oposición”, argumenta el documento. En ese sentido, se insiste en que la medida impuesta no solo afecta la libertad del líder político, sino que también limita de forma desproporcionada el ejercicio legítimo del derecho a la oposición, tal como lo consagra el artículo 112 de la Constitución.
La acción de tutela invoca además un presunto desconocimiento del precedente judicial obligatorio, particularmente de sentencias como la SU-220 de 2024, en las que se establece que un juez no puede ordenar la detención de una persona condenada en primera instancia si no motiva debidamente la urgencia, necesidad y proporcionalidad de la medida.
Finalmente, el Centro Democrático solicita al juez constitucional que se protejan los derechos fundamentales invocados y que se ordene la suspensión inmediata de la ejecución de la medida de aseguramiento hasta tanto no se resuelva la apelación y la presente acción de tutela.