El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se convirtió en el centro de una controversia nacional luego de revelarse que la Fiscalía General de la Nación interceptó su línea telefónica durante 71 días, en un proceso que hoy genera serios cuestionamientos por sus errores y excesos.
Las escuchas, que comenzaron el 14 de mayo y se extendieron hasta finales de julio, no solo afectaron al mandatario antioqueño sino también a nueve personas más de su círculo cercano, incluyendo a la secretaria General de la Gobernación, Martha Patricia Correa, exfuncionarios y contratistas. Todo ello por un caso relacionado con la construcción de dos CAI en Rionegro, un contrato ejecutado hace más de seis años, entregado a satisfacción a la Policía y cuyos documentos completos reposaban en la Fiscalía desde tiempo atrás.
El proceso ha sido cuestionado por múltiples inconsistencias. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, en una visita a Medellín el pasado 24 de junio, llegó a señalar a Rendón como “imputado”, pese a que su caso solo está en etapa de indagación. Más grave aún, en un auto judicial fue calificado erróneamente como “condenado”, una irregularidad que dejó en entredicho la seriedad con la que la entidad ha manejado el proceso.
La defensa del gobernador denunció que interceptar su celular resultaba desproporcionado, injustificado y carente de fundamento, pues se trataba de hechos ocurridos hace años, relacionados con un contrato ya ejecutado y cuyo impacto en la seguridad del municipio fue positivo.
El 24 de julio, la magistrada Marcela Márquez Rodríguez, del Tribunal de Bogotá, respaldó los argumentos de la defensa y declaró desproporcionadas las interceptaciones. La decisión fue interpretada como un fuerte revés para la Fiscalía, que intentaba mantener vivo un proceso debilitado en lo jurídico y cargado de controversias.
El caso por los CAI en Rionegro nació en 2022 por una denuncia de una veeduría ciudadana. Sin embargo, en los círculos políticos se señala la posible mano del exgobernador y excandidato Luis Pérez, quien ha sido señalado de utilizar la vía judicial como estrategia para atacar a sus contendores. No en vano, el proceso tomó fuerza en plena campaña electoral de 2023, cuando Rendón se enfrentaba precisamente a Pérez por la Gobernación de Antioquia.