El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, exigió respuestas contundentes al Gobierno Nacional frente al ataque perpetrado por las disidencias de las FARC contra un helicóptero de la Policía Nacional en la vereda Los Toros, límite entre Amalfi y Anorí, donde 13 uniformados perdieron la vida y otros resultaron heridos.
El hecho ocurrió hacia las 11:30 a.m. del jueves 21 de agosto, cuando las disidencias atacaron con tatucos y, según versiones, también con un dron. La gravedad del ataque se vio acentuada por la demora en la evacuación de heridos y cuerpos, que solo se produjo al amanecer del viernes, entre 18 y 19 horas después.
“Fue a las seis o seis y pico. Pasó mucho tiempo, muchísimo tiempo y ahora tenemos que hablar de 13 muertos. Eran seis muertos y siete heridos, es decir, que siete hombres más se fueron muriendo poco a poco, y eso duele, eso duele. Entonces uno dice: aquí dónde está la capacidad del Estado, o la voluntad del Estado”, cuestionó el secretario de seguridad, Luis Eduardo Martínez
El funcionario también se preguntó por qué, si la zona era considerada peligrosa, se programó allí una erradicación con los uniformados: “Aquí hay una falta de capacidad del Estado, o hay una falta de voluntad”, insistió.
El Gobernador recordó que el pasado 4 de junio la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia había enviado un oficio al Ministerio de Defensa advirtiendo sobre el deterioro del orden público en Amalfi. El documento, pedía con urgencia la presencia del Ejército Nacional con un despliegue inmediato y reforzado de tropas.
En el oficio se señalaba: “Ante este panorama, solicitamos de manera urgente y categórica la presencia del Ejército Nacional en el municipio de Amalfi, con un despliegue inmediato y reforzado de tropas que permitan establecer control territorial, garantizar la seguridad de las comunidades más vulnerables, prevenir nuevas acciones violentas y apoyar de manera contundente a la Policía Nacional en el restablecimiento del orden público”.
Además, el documento subrayaba que esa presencia no podía limitarse a patrullajes ocasionales, sino que debía estructurarse un plan operativo sostenido, basado en inteligencia y conocimiento territorial, con puestos de control estratégicos, vigilancia permanente y reacción rápida frente a hechos de violencia, desapariciones o desplazamientos.
“El silencio o la respuesta insuficiente frente a esta situación compromete seriamente la legitimidad institucional y deja en estado de vulnerabilidad a líderes sociales, campesinos, comerciantes, estudiantes, y a toda la ciudadanía en general”, advertía el oficio.
Tras los hechos, la Gobernación anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de alias Guaricho, alias Barbas y alias Guillermino, cabecillas de las disidencias señalados como responsables del ataque.
Rendón insistió en que este ataque, el primero con dron documentado en Antioquia, evidencia la descoordinación y la falta de respuesta estatal: “Criminales envalentonados por cuenta de la paz total. Tantas garantías se les han dado, tal tratamiento como angelitos en nombre de la paz”.
El mandatario concluyó que lo ocurrido en Amalfi es una señal alarmante de la falta de capacidad o voluntad del Estado para proteger a sus ciudadanos y a la Fuerza Pública, y pidió que la Nación actúe con contundencia para recuperar el control territorial en Antioquia