El proceso penal que enfrenta el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, por hechos ocurridos durante su alcaldía de Rionegro (2016-2019), ha encendido un debate nacional sobre el respeto al debido proceso, la independencia judicial y el equilibrio de poderes en Colombia.
La Fiscalía lo investiga por presuntas irregularidades en la construcción de dos Comandos de Atención Inmediata (CAI), bajo los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Sin embargo, múltiples hechos cuestionan la transparencia del proceso y han llevado a la defensa a hablar de un caso de lawfare en su contra.
El 24 de junio de 2025, la Fiscal General Luz Adriana Camargo declaró en rueda de prensa que “ya se formuló imputación” contra Rendón, pese a que ninguna imputación formal había sido realizada ni notificada. Para el mandatario, estas declaraciones constituyen un prejuzgamiento que vulnera la presunción de inocencia y ponen en riesgo su libertad.
Ante ello, su defensa, liderada por el abogado Luis Gabriel Chaves, interpuso recusación contra Camargo alegando pérdida de objetividad, al amparo del artículo 56 de la Ley 906 de 2004.
El expediente estuvo quieto durante casi dos años y pasó por cuatro fiscales sin avances significativos. Rendón incluso rindió interrogatorio en marzo de 2024. Sin embargo, tras la llegada de la fiscal delegada Diana Yolima Niño en abril de 2025, se practicaron cerca de 30 diligencias en un solo mes, lo que la defensa califica como un impulso irregular y selectivo.
Contexto político: confrontación con Petro
El trasfondo político es innegable. Desde que asumió como gobernador, Rendón se ha convertido en uno de los opositores más fuertes del presidente Gustavo Petro, criticando la “Paz Total”, reclamando la financiación de proyectos como el Túnel del Toyo, y promoviendo un referendo de autonomía fiscal. Su discurso de posesión marcó esa confrontación: “Si Antioquia resiste, Colombia se salva”.
Confidencialmente, la Fiscalía intentó imputarlo en octubre de 2023, a un mes de las elecciones regionales, y tras su victoria el proceso quedó en pausa hasta volver a activarse este año, en medio de choques con el Ejecutivo. Para analistas, esta sincronía alimenta la tesis de un uso político del derecho penal.
La defensa insiste en que los contratos para los CAI fueron ejecutados y liquidados hace años, sin hallazgos fiscales ni apropiación indebida. Aunque algunos sectores los calificaron de “elefantes blancos”, las edificaciones fueron entregadas en comodato a la Policía Nacional y hoy forman parte del inventario público. Rendón sostiene que “ni un peso público se perdió”, y que las obras respondían a una necesidad de seguridad ciudadana incluida en su plan de gobierno.
Denuncias de persecución y vigilancia especial
El partido Centro Democrático denunció una “arremetida judicial” con motivaciones políticas y pidió a la Procuraduría General de la Nación vigilancia especial del caso. Incluso enviaron comunicaciones a la ONU y la CIDH alertando de una posible privación arbitraria de la libertad del gobernador.
Juristas y líderes de opinión han advertido que lo que está en juego no es solo la situación de Rendón, sino la salud de la democracia y la separación de poderes en Colombia. La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila ha señalado que la Fiscalía actúa con sesgo político, mientras otros recuerdan que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también denunció presiones judiciales en su contra.
El gobernador antioqueño fue elegido con cerca de un millón de votos, por lo que una eventual medida de aseguramiento podría interpretarse como un desconocimiento de la voluntad popular. “No hay razón alguna para que me roben la libertad y usurpen un mandato legítimo”, afirmó Rendón, quien advierte que su caso podría marcar un precedente en la protección —o vulneración— del ejercicio de la oposición en Colombia.