El Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó que la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 violó los topes de gasto y recibió financiación de fuentes prohibidas por más de 2.779 millones de pesos. Aunque el presidente no será sancionado por su fuero constitucional, la ponencia radicada ante la Sala Plena propone multas superiores a $3.500 millones contra los responsables financieros y políticos de su campaña.
La investigación, liderada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, documentó excesos en ambas vueltas presidenciales por más de 3.000 millones de pesos. Entre los hallazgos aparecen recursos no reportados provenientes de Fecode, una pauta en Caracol Televisión, aportes de la Unión Sindical Obrera (USO) y pagos a más de 30.000 testigos electorales, todos considerados aportes irregulares.
Las sanciones recaerían sobre Ricardo Roa Barragán, gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol; Lucy Aydee Mogollón, tesorera; y María Lucy Soto Caro, auditora. También se plantea multar a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, que avalaron la candidatura de Petro.
Desde el CNE precisaron que la decisión no cobija al presidente de la República, quien está protegido por el fuero constitucional. Sin embargo, la ponencia ordena compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, por posibles delitos como fraude procesal y violación de topes de gasto, penalizados desde 2017. El expediente también será enviado a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, único organismo que puede investigar a un jefe de Estado en ejercicio.
La decisión final dependerá de la votación en la Sala Plena del CNE, que requiere al menos seis votos para ser aprobada. Debido a recusaciones vigentes, se prevé la participación de conjueces en la definición del caso.
El proceso marca un hito en el control electoral del país, pues evidencia cómo un hallazgo administrativo puede escalar hacia instancias penales y constitucionales, con repercusiones que trascienden lo financiero y ponen bajo la lupa la forma en que se financian las campañas presidenciales en Colombia.