Por Julián Ceballos – Concejal de Sabaneta
Columnista de Diario Editorial
Hace unos años, no imaginaba escribir esta columna. Mis letras solían centrarse en los milagros de la vida, los dones que Dios nos regala y las bellezas que encontramos en el camino. Sin embargo, la vida nos sorprende. Hoy, desde mi rol como servidor público, no puedo evitar reflexionar sobre el rumbo de nuestro país y las complejidades de un gobierno que, bajo la bandera del cambio, se ha convertido en un promotor del despotismo, relegando las verdaderas necesidades del desarrollo económico.
El 2024 nos deja una radiografía alarmante: mientras gobiernos locales y departamentales ajustan sus presupuestos para 2025, se evidencia la escasa participación de la nación en las inversiones territoriales. Esto obliga a alcaldes y gobernadores a priorizar proyectos esenciales, como la conectividad. Colombia ha invertido históricamente en superar sus barreras geográficas —cordilleras y selvas— para conectar sus centros urbanos con el mar, un esfuerzo que, aunque costoso, es fundamental para el desarrollo económico y social. Sin embargo, los recursos para este tipo de infraestructura son cada vez más limitados, reflejando un modelo de gestión centralista y, en algunos casos, desconectado de las realidades territoriales.
Además, los ejemplos de corrupción en el gobierno central están saliendo a la luz en castas políticas tradicionales y en nuevos movimientos que, a su manera, están haciendo uso de los recursos públicos para financiar sus campañas políticas. Esto pone en riesgo el poco presupuesto que queda en las arcas departamentales y municipales, comprometiendo la institucionalidad. La deficiencia de algunos entes de control, ya limitada por falta de recursos o voluntad política, dificulta aún más el seguimiento y la fiscalización.
Gobiernos como el de Gustavo Petro en Colombia y Daniel Quintero en Medellín son ejemplos recientes de cómo una mala gestión, el gasto excesivo en burocracia y el desvío de recursos públicos afectan gravemente al país. En ambos casos, hemos visto cómo las promesas de cambio se han transformado en ineficiencia administrativa, uso indebido de los recursos y una política de gasto público que beneficia intereses personales o partidistas. Esto nos demuestra la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia sobre el uso del dinero público.
En este contexto, la reciente COP16, celebrada en Cali, nos recordó la urgencia de alinearnos con objetivos globales como los de desarrollo sostenible. Sin embargo, las contradicciones del gobierno dificultan su cumplimiento. Las políticas paternalistas frenan el crecimiento empresarial, limitando la generación de empleo y el recaudo tributario, que son pilares para financiar iniciativas sostenibles y sociales.
Por otro lado, 2024 nos deja avizorar un panorama político complejo. Con el reloj avanzando hacia las elecciones presidenciales de 2026, surgen precandidatos que buscan relevancia mediática, mientras el gobierno actual maneja recursos estatales con fines partidistas. Hemos sido testigos de prácticas de corrupción y movilización social instrumentalizadas para mantener el poder, un patrón preocupante que nos recuerda casos como Venezuela y Cuba, donde los gobiernos populistas sacrificaron el desarrollo económico a cambio de sostener su hegemonía política.
La forma de hacer política en Colombia ha cambiado. Hoy, la izquierda ya no es el movimiento social sin recursos de décadas pasadas. Ahora, maneja presupuestos significativos, lo que plantea una competencia desigual frente a proyectos políticos que priorizan el crecimiento y la generación de oportunidades. Si Colombia no despierta ante esta realidad, corremos el riesgo de seguir el camino de países que, bajo gobiernos autoritarios, alimentaron a sus pueblos mientras estrangulaban su desarrollo.
Nos queda un gran reto como nación: reconciliar la política con el desarrollo económico, fortalecer nuestras instituciones y exigir transparencia y resultados. El 2025 será crucial para construir un camino hacia el progreso o continuar descendiendo por la pendiente del asistencialismo improductivo. Colombia tiene todo el potencial para liderar la región, pero solo si enfrentamos los desafíos actuales con visión, responsabilidad y compromiso con el futuro.